El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo y el presidente de la CRUE- Universidades Españolas, Segundo Píriz, han acordado hoy las que serán las directrices de la nueva selectividad. Tras la petición de la CRUE para establecer una directiva que establezca las normas y métodos de la nueva selectividad aprobada por la LOMCE, el Ministerio accedió a reunirse con el Consejo para trabajar en el diseño y las características de la prueba de evaluación externa de Bachillerato, que se llevará a cabo el curso que viene, 2016-2017.
Con este acuerdo se busca dar una seguridad jurídica y la igualdad de oportunidades a los estudiantes que finalicen sus estudios de Bachillerato y busquen entrar en la universidad. De acuerdo con lo señalado por el Ministerio, el examen que se lleve a cabo estará a cargo de las diferentes Comunidades Autónomas, a las cuales les corresponde la ejecución material de las mismas. Esta decisión conlleva que serán las Comunidades Autónomas las que elaboren las preguntas, la fijación de las fechas y lugares, así como las posibles reclamaciones. En palabras de Íñigo Méndez, esta decisión se enmarca en la relación de “confianza y corresponsabilidad” existente entre el Ejecutivo central y los gobiernos autonómicos.
Para el acceso a la universidad, la nota final se fijará siguiendo el criterio del 60% de la media de las asignaturas cursadas en el Bachillerato y un 40% proveniente de la prueba final, método en la línea de la antigua selectividad. Los alumnos se examinarán de las materiales troncales, dos materias opcionales y una materia de las específicas, a elección, en estos dos últimos casos de los propios estudiantes. Los exámenes se harán bajo la tutela de profesores del sistema público español y los equipos directivos y el propio profesorado de los centros que participen en su realización. Este acuerdo mantiene, en el marco de la legalidad, las condiciones de organización de la actual selectividad.
Para el resto de estudios, se ha acordado la elaboración de un Real Decreto que regule el acceso desde la FP, resolviendo las posibles situaciones transitorias de los estudiantes del actual sistema.
Esta decisión se ha tomado tras las diferentes presiones que el Ministerio de Educación ha recibido tanto desde las Consejerías de Educación autonómicas como desde la propia CRUE, que el pasado 16 de marzo llegó a solicitar una prórroga en la ejecución de la medida legislativa por un año, que fue rechazada por el Ministerio. Para desbloquear esta situación se creó la comisión responsable del acuerdo, cuyo objetivo, tal y como recalcan desde la propia CRUE, es “trabajar en la definición de la prueba de evaluación de Bachillerato” para asegurar las condiciones de seguridad e igualdad de los estudiantes. Desde Andalucía, las diferntes universidades públicas acordaron mantener una prueba única similar a la selectividad para asegurar la igualdad entre los estudiantes de las diferntes provincias y la libre elección de centro.
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