El Consejo de Gobierno aprobó ayer el III Plan Andaluz de Drogas y Adicciones 2016-2021, con una previsión presupuestaria de casi 37 millones de euros anuales para garantizar una red pública asistencial de acceso universal y gratuito para las personas con este tipo de problemas. La nueva estrategia consolidará y actualizará las políticas realizadas desde 2002 en el marco del plan anterior.
Las consejerías de Igualdad y Políticas Sociales, Salud, Educación y, Justicia e Interior participarán en la financiación y en el desarrollo del plan, mientras que en la elaboración del texto han participado más de 400 profesionales, instituciones, agentes sociales, movimientos asociativos y ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes.
El programa se estructura en cuatro grandes bloques, entre los que se encuentran la medidas preventivas, la atención socio-sanitaria, la incorporación social y la gestión del conocimiento. El objetivo del área de la prevención es evitar y/o retrasar la edad de inicio de consumo de sustancias psicoactivas y de actividades susceptibles de convertirse en adicciones.
En atención socio-sanitaria se pretende mejorar el acceso a la red de atención, garantizar la cartera de servicios e impulsar sistemas de evaluación de la calidad en la gestión para mejorar la participación y satisfacción de los usuarios y los profesionales. En las otras dos áreas, destacan las medidas dirigidas a facilitar la integración laboral y el diseño de un modelo formativo adecuado a las nuevas tecnologías y los retos emergentes.
El plan atenderá primordialmente a la población comprendida en las franjas de edad de la adolescencia y la juventud, que concentran los consumos más problemáticos y a la que se destinan programas para evitar o retrasar el contacto con las sustancias adictivas. También reforzará la prevención selectiva para grupos en situación de riesgo a través de las familias, los talleres de formación y las comunidades terapéuticas, así como la denominada ‘prevención indicada’ para las personas ya iniciadas en el consumo que aún no tienen dependencia. En estos supuestos se prestarán tratamientos específicos en centros.
Además, se adapta a los actuales perfiles de personas consumidoras y establece la creación del Catálogo de Servicios de la Red para la Atención a las Drogodependencias y Adicciones, que garantiza un modelo de atención universal y gratuito, e incorpora el tratamiento de nuevos problemas vinculados con las tecnologías y el juego patológico. La perspectiva de género también se integrará en todas las iniciativas previstas.
Otra de las novedades es la puesta en marcha de programas de incorporación social para personas en riesgo de exclusión, cofinanciados por primera vez por el Fondo Social Europeo y con una dotación de más de dos millones de euros en este año. Según los últimos estudios, un 20% de la población afectada por adicciones está en riesgo de exclusión social. Actualmente, 36.000 personas reciben tratamiento, de las cuales 20.000 lo han iniciado o reiniciado durante este año.
Respecto al alcoholismo, el plan incorpora las últimas técnicas y resultados científicos y de nuevos fármacos, ya que se trata de la segunda sustancia adictiva que más tratamientos provoca actualmente en Andalucía, con 9.320 casos, tan solo por detrás de los opiáceos, con 14.750. Por detrás del alcohol destacan la cocaína (7.059) y el cannabis (5.531). Por su parte, el tabaco se aborda a partir de la atención personalizada que se presta en un total de 381 centros de salud.
Entre las novedades para los próximos años destaca también la previsión de crear un portal interactivo de drogas y adicciones al que podrán acceder profesionales, usuarios y la ciudadanía en su conjunto para consultar sobre centros y recursos e intercambiar experiencias.
El plan también refuerza la actividad investigadora y formativa a través del Observatorio Andaluz sobre Drogas y Adicciones, entidad dedicada a recopilar la información científica disponible, promover el conocimiento y divulgar los resultados de la actividad en esta materia. Las prioridades se seguirán dirigiendo al estudio de factores de riesgo asociados al consumo, con nuevas líneas de trabajo para integrar la perspectiva de género y las patologías psiquiátricas asociadas.
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