La presentación del Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2022, realizada ayer 3 de noviembre por parte de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, ha despertado la preocupación entre las universidades públicas andaluzas. El motivo de esta situación se encuentra concretamente en el programa de gastos destinado al sistema universitario público andaluz, enmarcado en el citado documento. Y es que, como han manifestado hoy en diversos comunicados los rectores y rectoras de las universidades andaluzas, entre ellos los de Almería, Granada o Málaga, todos lamentan y muestran su disconformidad al ver que no se han tenido en cuenta ninguna de las tres premisas fundamentales que los máximos responsables de estas instituciones académicas de nivel superior de Andalucía transmitieron al gobierno autonómico durante el periodo de elaboración.
Peticiones que pasaban, en primer lugar, por incrementar el límite de gasto de personal autorizado a las universidades con el objetivo de poder atender, al menos, el crecimiento vegetativo, los compromisos pendientes de los Acuerdos de la Mesa General de Negociación firmados en 2018 y, en su caso, el posible incremento salarial de los empleados públicos.
Asimismo, la segunda de estas demandas que consideran ignoradas por el Gobierno Andaluz sería la relativa a que la envolvente financiera prevista para la Financiación Básica Operativa en la Ley del Presupuesto de Andalucía para 2022 no fuera, en ningún caso, inferior al límite de gasto de personal autorizado. Algo que supondría “un retroceso que agravaría aún más la sostenibilidad financiera del sistema”, manifiestan. De lo contrario, añaden, “además de crear una contradicción entre el gasto de personal autorizado y los recursos disponibles para atenderlo, supondría un retroceso que agravaría aún más la sostenibilidad financiera del sistema”.
Por último, el tercer pilar clave para los rectores y rectoras andaluces que se debería haber tenido en cuenta, y no ha sido así, era que la envolvente financiera prevista para la Financiación Básica Operativa no superara el 80% de la envolvente ordinaria total para el Sistema Universitario Público Andaluz. Y es que, de lo contrario, “haría inviable la aplicación del documento de bases del instrumento de financiación aprobado en lo relativo a la Financiación Básica de Convergencia y a la Financiación Estratégica que, conjuntamente, han de contar con el 20% de la envolvente de financiación ordinaria total”.
Tres ‘faltas graves’ por parte del Gobierno Andaluz reflejadas en el Proyecto de Ley del Presupuesto de Andalucía 2022 a las que se suma, además, que la envolvente financiera destinada a la financiación del sistema universitario público andaluz “es del todo insuficiente” al no alcanzar siquiera el 3%. Partida donde, a su vez, tiene dos tercios de esa subida condicionada a la aprobación, por parte del Gobierno de España, de un incremento retributivo del 2% para los empleados públicos.
“Decepción y disconformidad” ante la Ley del Presupuesto
Una vez conocido el texto de la Ley del Presupuesto para 2022 presentado por la Consejería de Transformación Económica de la Junta de Andalucía, y la nula atención a las principales demandas de los rectores y rectoras, éstos han querido poner hoy de manifiesto su “decepción y disconformidad” respecto al contenido de dicho documento. Muestra de ello sería, por ejemplo, el comunicado realizado por el rector de la institución almeriense, Carmelo Rodríguez, quien ha insistido en que “dada la gravedad de la situación, la Universidad de Almería desea trasladar su preocupación por el escenario claramente deficitario que se presenta para las universidades, al tiempo que insta al Parlamento andaluz a que reconsidere las decisiones adoptadas y a que establezca los mecanismos oportunos que permitan su rectificación”.
Inquietud que se crece aún más al tener en cuenta que el próximo año se llevará a cabo la aplicación del nuevo modelo de financiación; insistiendo nuevamente en que “la envolvente financiera para las universidades andaluzas no alcanzará siquiera para cubrir el incremento de gasto de personal por cuestiones normativas”. Y todo ello, a pesar de que el presupuesto de gastos para la Comunidad Andaluza sí se incrementa en un 9% respecto al año anterior. Un incremento general que aumenta con respecto al año anterior (un 9%), como se ha comentado, donde la parte destinada a la financiación del sistema universitario público andaluz solo crecerá apenas un 3%. Donde dos tercios de ese incremento está condicionado a la aprobación por parte el Gobierno de España de un incremento retributivo del 2% para los empleados públicos
Razón de más por la que la rectora de la UGR, Pilar Aranda, subraya que esta Ley del Presupuesto de Andalucía para 2022 “nos ha generado una gran preocupación”. Concretamente, en la Universidad de Granada, su intranquilidad se debe al futuro de “todo lo que se está poniendo en marcha de generación de conocimiento, transferencia, atención al estudiantado y necesidades que venimos manifestando de técnicos de informática, de laboratorio, de actividades deportivas, de inclusión, de igualdad… Es decir, de políticas que son realmente las que hacen que una universidad avance y esté en el siglo XXI”.
Además, aludiendo a la vertiente “eminentemente investigadora” de la institución granadina, “que está generando riqueza en nuestra provincia”, Aranda recalca que “va a ver totalmente disminuida sus posibilidades de desarrollo de estas acciones que consideramos fundamentales”. No sin olvidar que “se comprometen las políticas de rejuvenecimiento de la plantilla, de incorporación de investigadores”; lo que conlleva que “todos estamos muy preocupados”. Y, al igual que el rector de la UAL, ha comentado que “vamos a solicitar a los diferentes grupos parlamentarios un apoyo para nuestras propuestas”.
Demandas al Parlamento Andaluz, y quejas ante la citada Ley del Presupuesto, donde el rector de la Universidad de Málaga, José Ángel Narváez, también ha reflejado la problemática relativa a su universidad al apuntar que “un año más, nuestra universidad sufrirá un déficit de financiación que se cuenta entre los más acusados del Sistema Universitario Público Andaluz, lo que incrementará la insuficiencia financiera que venimos arrastrando en los últimos años”. Escenario con el que, durante estos últimos años, la UMA “se ha visto obligada a utilizar sus remanentes para cubrir este déficit acumulado”. Dando pie, a su vez, a una situación que “se ha visto agravada por las instrucciones recibidas desde la Consejería, que nos ha instado a utilizar la práctica totalidad de los remanentes para acometer las inversiones actualmente en marcha y que es necesario finalizar”.
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