Infrafinanciación e incumplimientos. Son conceptos que llevan sobrevolando los mentideros de las universidades públicas andaluzas desde finales del mes noviembre. Tras una aplaudida entrada en vigor del nuevo modelo de financiación al que se le dio bombo y platillo por parte de la Junta de Andalucía, ya que, según el consejero de Universidad, Gómez Villamandos, venía a “dar certidumbre y estabilidad a las universidades públicas andaluzas”, de repente, llegó la hora de aportar liquidez financiera, y todo ha saltado por los aires. Por todo ello, solo cabe hacerse una pregunta: ¿Qué está sucediendo con la financiación de las universidades públicas andaluzas?
La hoja de ruta de las instituciones superior de educación andaluzas, es decir, las universidades, parte del modelo de financiación aprobado en 2023, y que contiene dos cuestiones muy importantes: la cláusula de salvaguarda del modelo y la de nivelación. A día de hoy, ninguna de las universidades públicas andaluzas ha recibido la partida correspondiente a la primera disposición y, tampoco, los 25 millones de euros adicionales a los que se comprometió la Junta con el nuevo modelo de financiación.
¿A qué hacen referencia estas cláusulas? La primera, argumenta el presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), Francisco Oliva, se refiere “a la cantidad que vas a recibir en un año que, como mínimo, es la misma que en el ejercicio anterior, incrementándose con los aumentos salariales legales que establezcan el Gobierno o los acuerdos sindicales entre aquel y las universidades”. Oliva defiende que esta cláusula es “esencial, ya que permite programar con garantías, quita incertidumbre financiera y no padeces sobresaltos”. La segunda cláusula, la de nivelación, se aplica a las universidades que, tras el modelo de financiación anterior, salieron muy mal paradas, aplicándoles esta disposición para equilibrar entre entidades.
Pero, si todo estaba tan bien planificado, ¿Cuál es el motivo de esta confrontación? El inicio de este incendio generado entre ambas instituciones -universidades y Junta de Andalucía- hay que datarlo en el pasado 26 de junio, cuando las universidades públicas andaluzas, sindicatos y la consejería de Universidad firmaron un acuerdo que sentaba las bases de evaluación del Personal Docente e Investigador (PDI) y del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS), con los consiguientes ingresos extras para estos trabajadores. En aquel documento, firmado a tres, se estimó que la cantidad para sufragar estos pagos era de 25 millones de euros, quedando su pago supeditado a que la Junta de Andalucía transfiriera a las universidades la financiación adicional necesaria para ello, ya que estas partidas no se encontraban presupuestadas en este ejercicio 2024. Finalmente, esta cifra se ha reducido a 21 millones de euros, según confirmó a Aula Magna, Francisco Oliva.
Últimos acontecimientos en las universidades
Siete meses después -el 11 de diciembre-, las universidades públicas andaluzas han denunciado que no solo no han recibido esta cantidad aprobada y firmada por Villamandos, sino que tampoco se les ha ingresado los otros 25 millones de euros adicionales comprometidos en el modelo de financiación aprobado hace un año. En otro comunicado, las universidades públicas andaluzas, alertaron que, sin la transferencia de esta última cantidad, incluida en los presupuestos universitarios para el ejercicio 2024, podrían cerrar el año en déficit, “con las graves consecuencias que ello conlleva”. Hay que matizar, que la Junta de Andalucía ha comunicado estos días que tiene la intención de ingresar la partida de 21 millones de euros para sufragar el abono de los complementos autonómicos, el próximo jueves 12 de diciembre.
Ante este cruce de acusaciones, la respuesta de Universidades no se ha hecho esperar y defiende que estas instituciones públicas de Andalucía cerrarán el ejercicio 2024 con un superávit de 20 millones de euros. A su vez, Villamandos tachaba de “juego” el comunicado de las universidades y aseguraba “no entender este posicionamiento”. Los rectores andaluces, preguntados por esta cuestión explican que “el superávit que produce una institución es el ahorro que consigue sobre lo que va recibiendo. Y las universidades públicas andaluzas no solo ingresamos de la Junta de Andalucía, sino también de empresas, convenios, trasferencias y del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades por lo que el hecho de que haya fondos ahorraros es el reflejo de la buena gestión universitaria”.
El último capítulo de esta historia se produjo este martes, 10 de diciembre, en una rueda de prensa ofrecida en el Rectorado de la Universidad de Sevilla con todos los rectores, excepto el de la Universidad de Huelva (UHU) y el de la Universidad de Málaga (UMA), que por motivos de agenda mandaron a un representante. Este colectivo denunció, una vez más, los constantes incumplimientos de los acuerdos firmados con la Consejería de Universidad y las organizaciones sindicales, en relación con el vigente modelo de financiación del que la Junta ha ido sacando pecho en esta legislatura. Así, los rectores reclaman que la Junta de Andalucía les adeuda 50 millones de euros, correspondiente al ejercicio 2024. Ahondando en el factor económico, Francisco Oliva concretó que, en el actual proyecto de cuentas públicas para el año que viene, «faltan 87 millones de euros para cumplir con el capítulo 1 de los presupuestos».
Los rectores solicitan «la implicación directa» de Juanma Moreno
Francisco Oliva insistió en señalar en su comparecencia que las universidades andaluzas necesitan “más dinero para cumplir con los costes que tenemos que asumir”, sin entrar a hablar de los fondos que necesitan “para infraestructuras, investigación o para dar una docencia de calidad”, apostilló. En este contexto de descontento, los rectores de las universidades públicas de Andalucía piden que “el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se implique personalmente en el cumplimiento del modelo de financiación acordado y de que el Gobierno ejecute lo pactado”. No obstante, en el seno de las universidades andaluzas, “no se descartan que, si continúan los incumplimientos, se lleven a cabo las medidas judiciales oportunas que nos ofrezcan el en Estado de Derecho”.
La Junta “respeta la postura de los rectores, pero no la comparten”
Por su parte, la reacción de Ramón Herrera, secretario General de Universidades de la Junta de Andalucía no se ha hecho esperar y según hemos sabido desde Aula Magna ha dicho que “desde la Junta se respeta la postura del os rectores andaluces, pero no la comparten”. Así, Herrera argumenta que las universidades públicas andaluzas son “las mejores financiadas de toda España” y este año van a recibir “una cantidad récord” como nunca antes. Así mismo, Herrera pidió a los rectores que “no tomen como rehenes a la comunidad universitaria impidiendo el pago de los acuerdos alcanzados en junio porque sería perjudicial para el personal de la universidad y porque la Junta cumplirá con su compromiso de ingresar 21 millones de euros adicionales para que se hagan frente al pago de los complementos autonómicos, como del quinto tramo”. Seguidamente, el secretario general de universidades destacó el “tremendo esfuerzo que la Junta está haciendo este año subiendo en 86 millones el presupuesto destinado a universidades».
Y en resumidas cuentas, lo que se pregunta la comunicad universitaria en general es “¿Y el dinero prometido por la Junta para cuándo?”. Continuará.