La situación excepcional por la que ha pasado España estos días comienza a mostrar sus consecuencias. Para dar respuesta a las necesidades económicas derivadas de la crisis sanitaria, desde la Junta de Andalucía se ha creado un Fondo de Emergencia Social y Económico contra la COVID-19 (FESE), compuesto por 700 millones de euros que busca paliar los efectos negativos de la pandemia.
Cada organismo público debe aportar una cantidad a estos fondos. Para ello el Gobierno andaluz ha tenido que reajustar presupuestos, siendo uno de los más afectados las Universidades Públicas de Andalucía. La palabra ‘recortes’ ha aparecido en los medios estas semanas, justificándose cómo reajustes por unos y creando el rechazo de los otros. En total, las Universidades Públicas de Andalucía deben aportar 135 millones de euros, lo que supondría casi el 10% del presupuesto que recibieron este año de los presupuestos autonómicos.
Para compensar esta dotación al FESE, desde la Junta se ha realizado una serie de cuentas que no han sido del gusto de todos. De este modo, para compensar el aporte, los fondos saldrían de los remanentes de las universidades, entendiéndose de este modo por parte de la Junta de Andalucía como fuera de los presupuestos no dañando la estabilidad financiera. Además, el Gobierno andaluz se ha comprometido en saldar la deuda de 126,9 millones contraída en 2015 por el ejecutivo anterior, sumando la autorización para usar 125 millones de euros de los remanentes en inversiones destinadas a infraestructuras. Unas cuentas que no serían recortes sino un “incremento” de la capacidad de inversión universitaria, que contaría con 125 millones más.
Las matemáticas saldrían si el origen de esos fondos fueran ajenos a la universidad, pero la realidad muestra que, como “ahorro” de las mismas, ya estarían contemplados por las mismas, más en situación de crisis.
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Un mordisco al 60% de los ahorros
La clave para diferenciar entre “recortes” “desajustes” residen en el origen de los remanentes no afectados. Siguiendo la propuesta de la Junta de Andalucía, las 10 Universidades Públicas de Andalucía dispondrían de un total de 135 millones para hacer frente a sus gastos corrientes (principalmente el pago de las nóminas), extraídos de estos remanentes no afectados, que equilibrarían su aporte al FESE.
Los remanentes no afectados son los fondos que las instituciones no han utilizado de sus presupuestos, es decir, los “sobrantes” de los ejercicios anteriores que por diversos motivos no pudieron ser ejecutados. No todas las universidades disponen de estas cantidades de forma suficiente, pues dependen de si sus gastos han sido inferiores a los previstos inicialmente o se ha recibido más presupuestos del pronosticado. Para el uso de estos “ahorros”, las universidades deben contar con la aprobación de la Consejería de Hacienda, ya que al hacer uso de los mismos se genera un déficit en su liquidación de cuentas.
La cifra de 135 millones de euros extraídos de los remanentes suponen un 31,8% de los ahorros, algo que para los rectores y rectoras es un riesgo ya que “conforman una parte sustancial de la posición financiera para afrontar las inversiones estratégicas aprobadas por los órganos de gobierno” además de ser “una salvaguarda para la estabilidad de las universidades frente a contingencias”. Esta última justificación viene de la mano de la incertidumbre con la que muchas universidades comenzarán el próximo curso, donde la presencialidad no está asegurada al 100% y los riesgos de un nuevo brote de COVID-19 podrían exponer la continuidad financiera universitaria.
Dentro del uso de los remanentes, se añade la posibilidad aportada por la Junta de Andalucía de disponer de otros 125 millones extra para inversiones destinadas a fomentar la actividad económica. Con esta medida, la Junta de Andalucía equipararía la capacidad de gasto de las universidades para que “no sufran recorte alguno”, pudiendo usar este dinero no solo en nuevos edificios sino también en laboratorios, instalaciones científicas… Pero, como remanentes que son, forman parte de los mencionados fondos ahorrados por las universidades, suponiendo que, al sumarlos a los 135 millones para gastos corrientes, se diera un mordisco del 60% de todos los fondos (que se sitúan en unos 436 millones de euros a fecha de 31 de diciembre de 2019) en tan solo un año.
Por todo ello, los rectores y rectoras exponen que el uso de remanentes de tesorería no afectados para hacer frente a gastos corrientes supone una reducción de la financiación del conjunto del Sistema Universitario Público Andaluz, siendo así recortes.
126 millones de deuda
Como medida contrapuesta al pago de los 135 millones de euros para sumarlos al Fondo de Emergencia Social y Económico contra la COVID-19, la Junta de Andalucía ha propuesto a las universidades el pago de los 126,9 millones de euros de la deuda contraída en 2015 por el Gobierno anterior.
Sobre la deuda que la Junta de Andalucía mantiene con las universidades destaca que ya hay algunas de ellas que se solventaron. Así, las Universidades de Huelva, Córdoba, Sevilla y Pablo de Olavide mantienen la deuda a cero, mientras que a la Universidad de Málaga se le deben casi 70 millones de euros, siendo la más afectada. La Universidad de Cádiz estaría en segunda posición de instituciones afectadas, debiéndosele más de 23 millones de euros.
Esta discrepancia en las deudas con las universidades es una de las razones por las cuales, aunque todos los rectores y rectoras van en la misma dirección, la decisión de la Junta de Andalucía no afecta igual a sus presupuestos. En una carta al consejero de Economía, Rogelio Velasco, los rectores y rectoras ya señalaron esta diferencia, solicitando que se articulasen los mecanismos compensatorios necesarios para evitar la pérdida de la convergencia, por la cual aumentaría la diferencia en el desarrollo entre las universidades andaluzas, llegando a comprometer la viabilidad de alguna de ellas.
La promesa de la devolución de la deuda no sumaría de más ni compensaría los gastos, pues, como ha recalcado el rector de la Universidad de Cádiz ante los medios “al ser deuda ya estaba contabilizada en los presupuestos de las universidades”, contando con ellos sin que hiciera falta un compromiso posterior.
“No son recortes”
Desde la Junta de Andalucía, las voces señalando que no son recortes han sido continuas. Así, en comisión parlamentaria, ha sido notable el gesto de Juan Bravo, consejero de Hacienda, quien ha llegado a comprometer su puesto “si lo que digo es mentira”.
Por su parte, tal y como ha explicado desde la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, los 135 millones que las universidades destinarán al FESE se “compensarán en idéntica cantidad con los remanentes no afectados”, subrayando así que se “garantiza que las universidades no sufrirán merma alguna en la financiación prevista para este año”.
De este modo, la Junta de Andalucía ha destacado el aumento de recursos para universidades en un 14% este año, animando a los rectores a usar los 125 millones adicionales de inversión.
En este sentido, la postura de la Junta de Andalucía niega los recortes, señalando que son solo ajustes presupuestarios. En comisión parlamentaria, Velasco ha reiterado que en 2020 la dotación destinada al sistema público universitario, con los ajustes incorporados, se incrementará a través del ajuste presupuestario de 135 millones en idéntica cantidad proveniente de remanentes y la liquidación la deuda de 126,59 millones contraída en 2015. Asimismo, ha recordado que en 2019 las partidas también crecieron, alcanzando un alza del 5%.
Las universidades, las más dañadas por los recortes
La financiación de las 10 Universidades Públicas de Andalucía ha sufrido mucho debido a la nueva distribución de sus presupuestos. Aún así, dentro del sistema universitario, no todas las instituciones se encontraban en la misma situación, lo que repercute en que haya universidades más damnificadas que otras.
En cuanto a la deuda, destaca cómo de las 10 Universidades Públicas de Andalucía, cuatro la tienen ya solventada, mientras que al resto se le adeuda en diferentes proporciones. Así, la Universidad de Málaga es la institución a la que más se le adeuda (casi 70 millones), seguida por la Universidad de Cádiz, con unos 23 millones y la Universidad de Jaén, con unos 16 millones adeudados.
Estas diferencias suponen un punto de partida distinto para cada universidad, entre las cuales también hay disparidad en cuanto a los remanentes no afectados. Los “ahorros” universitarios suponen una nueva diferencia entre cada institución, afectando la solvencia de las universidades “más pequeñas”. De este modo, destaca el caso de la Universidad Pablo de Olavide o la Universidad de Huelva, cuyos remanentes no afectados apenas superan los cuatro millones y los tres millones de euros respectivamente. Por ello, la Junta de Andalucía ha tenido que distribuir proporcionalmente el aporte de las universidades con menos de 10 millones de euros de remanentes, para asegurar que tuvieran liquidez, lo que a la vez supone una desigualdad en el recorte general.
Esta situación ha llevado a los rectores a exponer sus quejas ante las propuestas económicas de la Junta de Andalucía. Entre los más deliberantes se encuentra el rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella, quien en una carta a su comunidad exponía como “consideramos muy negativo que la reestructuración presupuestaria autonómica para hacer frente a esta crisis, recaiga de un modo tan desproporcionado sobre el Sistema Universitario Público Andaluz”. Piniella ha hecho especial hincapié en la divergencia que supone las aportaciones universitarias al FESE, pues “el 20% del Fondo de Emergencia Social y Económica proviene de los “ahorros” de las universidades públicas, a pesar de que, en los Presupuestos de la Junta, el presupuesto de las universidades supone un 3,5%”.
El uso de los fondos de la UCA podrían poner en peligro la continuidad y solvencia de la institución. En este sentido, Piniella ha recalcado como “debemos destinar un importe indeterminado todavía de remanentes para financiar nuestra estructura al objeto de compensar la insuficiencia de financiación por la reducción del presupuesto de las universidades en 135 millones y, además, hacer uso de remanentes adicionales en infraestructuras o inversiones. Esto puede llevarnos al límite de los remanentes de tesorería no afectados de los que dispone, a la fecha, la universidad”.
Desde la Universidad de Almería, su rector, Carmelo Rodríguez, añade a las quejas la disparidad en estos presupuestos, unos “recortes en toda regla” que afectan de manera diferente a cada universidad. En este sentido, Rodríguez ha explicado a Aula Magna, El Periódico Universitario como el uso de los remanentes ya estaban contemplados en las cuentas de este año, siendo además algo “injusto, pues son ahorros que no hemos podido gastar antes”.
A esta realidad se suma la falta de un modelo de financiación estable, que debería haberse presentado en diciembre y que, en sus primeras propuestas, ya exponía una posible falta de equidad en el reparto entre universidades.
Todo ello se traduce en que, para el curso 2020/2021, las universidades tendrán que hacer uso de sus ahorros, distribuyéndose estos de manera muy desigual, lo que plantea una mayor incertidumbre ante el futuro y sus posibles consecuencias a corto y medio plazo, poniendo en peligro a las instituciones más pequeñas que, sin embargo, son esenciales para el desarrollo de sus provincias.
Solución de las universidades
Conociendo ambas posturas, la solución pasa por buscar una alternativa para que las universidades aporten fondos al FESE sin que vean en riesgo sus presupuestos. Para ello, los rectores y rectoras han lanzado una propuesta a la Junta de Andalucía por la que cumplirían su obligación social sin que peligrara su financiación.
La solución de las universidades pasa por mantener el aplazamiento del pago de la deuda. Así, los 126,9 millones que la Junta de Andalucía adeuda a algunas instituciones serían los que se destinarán al FESE, dando la posibilidad a las instituciones académicas de usar los 135 millones de remanente para su uso en inversiones.
Cabe destacar como las universidades andaluzas deben aportar un 19% del total de 700 millones del FESE, una cantidad bastante alta si la comparamos con la que aportan otros organismos públicos.
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