Desde las universidades públicas de Andalucía (AUPA) han hecho público en un comunicado este pasado 19 de junio que acogen «con satisfacción el fructífero acuerdo alcanzado en la última Conferencia General de Política Universitaria, que incluye la creación y provisión de 774 nuevas plazas de profesorado ayudante doctor en el Sistema Universitario Público Andaluz». Estas plazas estarán cofinanciadas por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (468) y por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación (306). La gestión de los fondos la realizará el Gobierno andaluz en el marco de sus competencias en educación superior.
Según se especifica en el comunicado de AUPA, «el acuerdo suscrito entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas, tan positivo como esperado por las universidades, permitirá a nuestras instituciones comenzar a cumplir con lo establecido en la LOSU, que requiere un refuerzo de nuestras plantillas para adaptarlas al cambio de dedicación máxima del profesorado asociado y del profesorado ayudante doctor»
Con la creación y provisión de plazas en la etapa inicial de la carrera académica, «las universidades podremos abordar con más medios el relevo generacional, aumentando la retención y captación de talento joven, al tiempo que reducimos la excesiva temporalidad en el empleo, mejoramos la calidad de la docencia e incrementamos la producción científica».
Las universidades públicas de Andalucía valoran la altura de miras necesaria para la consecución de un acuerdo pionero como el que nos ocupa, y específicamente agradecemos el esfuerzo y la convicción del Consejero de Universidad, Investigación e Innovación. Un hecho que pone de manifiesto que la cooperación institucional entre ambas administraciones genera cuantiosos efectos positivos sobre el sistema universitario público andaluz, y, por ende, mejoras para toda la sociedad andaluza.
Finalmente, AUPA concluye su comunicado con que «instamos al Gobierno central y a la Junta de Andalucía a que sigan avanzando por esta senda, para llegar, cuanto antes, a un acuerdo que permita concretar cómo y cuándo se alcanzará el 1% del PIB como suelo de inversión pública en educación superior según lo mandatado por la LOSU».
Este comunicado de AUPA se lanzó en Andalucía, el 19 de junio de 2024 y fue firmado por:
José Joaquín Céspedes Lorente, Rector de la Universidad de Almería
Casimiro Mantell Serrano, Rector Universidad de Cádiz
Manuel Torralbo Rodríguez, Rector de la Universidad de Córdoba
Pedro Mercado Pacheco, Rector de la Universidad de Granada
Mª Antonia Peña Guerrero, Rectora de la Universidad de Huelva
José Ignacio García Pérez, Rector de la Universidad Internacional de Andalucía
Nicolás Ruiz Reyes, Rector de la Universidad de Jaén
Juan Teodomiro López Navarrete, Rector Universidad de Málaga
Francisco Oliva Blázquez, Rector de la Universidad Pablo de Olavide
Miguel Ángel Castro Arroyo, Rector de la Universidad de Sevilla
Valoración de la CRUE
Además la AUPA, la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) celebra que Gobierno y comunidades autónomas hayan alcanzado un acuerdo para financiar la reestructuración de las plantillas de profesorado conforme a lo que marca la LOSU. La presidenta de CRUE y rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, ha valorado la ratificación de la puesta en marcha del Programa para la Incorporación de Talento Docente e Investigador a las Universidades Públicas Españolas y ha aplaudido que se hayan impuesto «el diálogo y la responsabilidad institucional». Alcón ha recalcado la importancia de disponer de los recursos necesarios para «planificar el relevo generacional y la estabilización del profesorado» que fija la ley y ha destacado que es una muestra del trabajo conjunto entre universidades, Gobierno y comunidades autónomas.
El Programa contempla la financiación de 3.400 plazas de profesor ayudante doctor para los próximos 6 años, a partir del curso 2024-2025, y el compromiso de las CC.AA. para cubrir el resto de las necesidades del profesorado que vendrán determinadas por los criterios de las respectivas universidades.
CRUE ha mantenido en estos meses un intenso diálogo con las autoridades educativas para facilitar un consenso que dote a las universidades de los recursos imprescindibles para competir en igualdad de condiciones con los sistemas universitarios europeos. Es de esperar que el acuerdo ratificado en la Conferencia sea el primer paso de una colaboración entre las administraciones para alcanzar el objetivo general de destinar, como mínimo, el 1 por ciento del Producto Interior Bruto al gasto en educación universitaria pública en el conjunto del Estado.