El viernes pasado el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla inauguraba en nombre del Rey el curso académico en las Universidades Andaluzas en un acto solemne en la Universidad de Málaga. En el mismo, el máximo responsable del Gobierno andaluz nos pedía a todos que “Andalucía tenía que ser protagonista”. Frase muy acertada si consideramos que, a veces, los complejos no nos hacen crecer y valorar el potencial que tenemos en nuestra tierra. Evidentemente, eso requiere de las instituciones públicas altitud de miras, objetivos a largo plazo, cambios en el modelo de producción y, sobre todo, una apuesta decidida por el conocimiento y la innovación, que representa la ciencia y, con ella, la educación superior.
Vivimos un nuevo curso con las mismas necesidades de hace más de una década en el sistema público de universidades andaluzas: un modelo de financiación acorde a las peculiaridades de cada una de ellas, la estabilización del profesorado en figuras que hagan atractiva la universidad en la captación de los mejores y en la retención del talento, la eliminación de las tasas de reposición y la profesionalización del personal técnico de administración y servicios.
Necesitamos un sistema coherente en el marco de un mapa de titulaciones eficiente para nuestros estudiantes y una apuesta decisiva por la investigación, la transferencia y la divulgación científica, además de un plan plurianual de inversiones que permita un mínimo de planificación. Necesidades que no solo son de este Gobierno, sino que hace años que se llevan solicitando por parte de las rectoras y rectores.
Tenemos una oportunidad con la creación en Andalucía de una Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación, con el acierto además de que la misma sea liderada por una persona con tanta experiencia en la gestión universitaria. Tenemos una oportunidad con la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario, mejorable en el trámite parlamentario. Pero todas estas oportunidades requieren de una política presupuestaria. Ya lo ha indicado el propio presidente de CRUE, el rector Juan Romo. Se necesitan unos 2.500 millones de euros para poner en marcha la ley y, además, se hace necesaria que todas las administraciones autonómicas remen en la misma dirección. De lo contrario, no podremos asumir ese reto del presidente andaluz de ser protagonistas y seguiremos arrastrando los viejos problemas, años tras año, en un momento histórico además de crisis profunda en el continente europeo.
Por Francisco Piniella Corbacho
Rector de la Universidad de Cádiz
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