Anestesiados por los dramas sociales que conocemos a diario y las malas cifras económicas, la política comunicativa del Gobierno y su desprecio al periodismo podrían parecer un problema menor. Sin embargo, son un reflejo más de que el Ejecutivo está gobernando de espaldas a la ciudadanía.
Siendo bien pensados, recuerda al déspota “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”; siendo realistas, no cabe duda de que nos trata como a menores de edad a los que se puede mandar y recortar derechos sin dar explicaciones.
El concepto accountability forma parte esencial de la cultura política anglosajona: se refiere al deber de los gobernantes de rendir cuentas y ser transparentes ante los gobernados. No es una decisión de los políticos, es una obligación para con la ciudadanía. En España ni siquiera existe una traducción exacta para este término. En la sociedad de masas, los medios de comunicación son intermediarios indispensables para que los gobiernos expliquen sus políticas a la gente -que es, a fin de cuenta, la que las soporta-, para controlar la acción de los gobernantes -el caso Bárcenas o de los ERE son dos claros ejemplos de la importancia del periodismo de investigación- y para servir de altavoz para la opinión pública.
A pesar de esta imprescindible labor, respaldada por el artículo 20 de la Constitución, el gobierno de Rajoy ha puesto numerosos obstáculos a la transparencia y la información. Lo que no es un desprecio a los grandes grupos de comunicación, ni a los periódicos, ni tampoco a los periodistas, sino a los españoles a los que se les impide ejercer su derecho de conocer lo que hace quienes mandan.
El catálogo de incomunicación el Ejecutivo es amplio. En su gira americana, el equipo del presidente impidió acceder a los periodistas de la cadena Ser y El Mundo para que no plantearan preguntas incómodas ante Obama. Qué envidia produce ver al líder estadounidense cada semana o al francés Hollande responder a la prensa abiertamente… A mediados de diciembre, Moncloa decidió variar la dinámica de las ruedas de prensa que da Rajoy con un líder extranjero: tradicionalmente, los periodistas de todos los medios consensuaban las dos preguntas que se podía hacer, ahora es el presidente el que selecciona qué medios que intervienen.
La muestra del control que esta medida supone es que en la comparecencia con Herman van Rompuy, cuando Rajoy dio voz a Abc y ya llevaba la respuesta preparada. De forma paralela, sin lugar a dudas los medios españoles deberían replantearse su comportamiento ante estas conductas y, con solidaridad y profesionalidad, no ser convidados de piedra y no cubrir estos mítines.
La lista de desprecios a la libertad de información es interminable. Algunas fueron más sutiles, como unir el debate sobre el estado de la nación de febrero de 2013 con el pleno parlamentario sobre el Consejo Europeo en el que se aprobó el Presupuesto para la Unión Europea hasta el año 2020, restando a cada tema el tiempo de debate que requiere. Otras han sido más burdas y lamentables: como la imagen de Rajoy huyendo por los pasillos del Congreso para esquivar a los periodistas parlamentarios, las ruedas de prensa sin preguntas o, la que ejemplifica a la perfección el desprecio a la comunicación, la famosa declaración a través de un plasma para no ser preguntado por Bárcenas.
La crisis que atraviesa España es tan grave que se hace indispensable que la ciudadanía entienda porqué se acomete cada uno de los recortes y porqué era más importante mejorar la prima de riesgo que salvar a las familias. Para ello, hubiera sido imprescindible que el gobierno rindiera cuenta ante los ciudadanos con madurez a través de la prensa. Sin embargo, ha optado por tratarnos como a incapaces de entender.
No dar explicaciones es otro recorte social más: el de nuestro derecho a la información. El desprecio a la prensa es el desprecio a la ciudadanía y dice mucho del poco respeto del Ejecutivo a la libertad de información y expresión y, por ende, a la democracia. Nuestro derecho a conocer es su obligación a rendir cuentas.
Por Laura Teruel Rodriguez
Profesora de Periodismo en la Universidad de Málaga. Máster en Política y Democracia por la UNED. Directora de los títulos de Introducción al Periodismo Político en la UMA.