El 30 de noviembre acaba el plazo señalado para presentar las directrices que marcarán las nuevas reválidas. Y seguimos sin noticias concretas. Mientras que en el discurso de investidura Mariano Rajoy señaló su compromiso con el Pacto por la Educación para tener un acuerdo en torno al sistema de enseñanza, el resto de partidos se oponen a las medidas que desde el PP se presentan para ir avanzando en materia educativa.
Así, el pasado 15 de noviembre tras un intenso debate en el congreso, el PSOE logró los votos necesarios para suprimir el calendario de aplicación de la LOMCE. Algo que de nada sirve, pues por trámites judiciales no sería aplicada hasta 2017. El ministro tuvo que recordar este detalle y presentó la alternativa del Gobierno de paralizar los efectos académicos de las evaluaciones hasta llegar aun Pacto de Estado.
Hace falta sentarse y debatir, acordar y proponer qué medidas se van a llevar a cabo. A siete meses de las pruebas de acceso a la Universidad los estudiantes de 2º de Bachillerato no saben a qué atenerse. Por ahora solo está claro que el Ministerio da vía libre a las Comunidades Autónomas a elegir fechas, en una horquilla previamente señalada, y a definir las preguntas, sin saber cómo esto les afectará a la elección de otras universidades fuera de sus regiones.
En el modelo presentado el sistema de evaluación se asemeja en demasía a las antiguas pruebas de Selectividad, lo que lleva a plantear que si este funcionaba correctamente ¿es tan necesario cambiarlo? Por ahora el Ministerio se ha comprometido a que, en el caso de las reválidas de Bachillerato, las pruebas no afecten a la consecución del título, siendo solo necesarias superarlas en el caso de que se quiera proseguir con los estudios universitarios. Es decir una PAU con otra siglas, pero las mismas normas que se llevaban aplicando hasta ahora, el 40% de la nota del examen y el 60% del expediente académico.
Tanta expectación para quedarse como antes, y sin saber si a última hora habrá nuevos cambios. Las autoridades políticas deben tener en cuenta los tiempos y cómo cada nuevo anuncio afecta a los alumnos. Sin en seis meses es posible que se presente una nueva ley educativa, o una revisada LOMCE, esta debe saber que no puede continuar con el período de aplicación de la actual.
Los colectivos educativos por su parte siguen a la espera de lo que el Ministerio les ponga por delante. Los partidos políticos se levantan de las mesas y se niegan a firmar algo que no sea una derogación completa. El avance se ralentiza mientras que desde las Comunidades Autónomas se toman decisiones independientes que generan más incertidumbre.
Los meses pasan rápido y no pueden cambiar más de sistema, la ley está para ayudar a los ciudadanos no para complicarles los procesos. Comienza la cuenta atrás y en siete meses miles de alumnos se enfrentaran a sus exámenes de acceso a la Universidad, todo ello sin tener noticias fijas de la LOMCE.