Transparencia a cuentagotas en las universidades españolas


Las universidades deben apostar por una mayor transparencia, no sólo por ser las responsables del servicio público de la Educación Superior, sino porque también gestionan parte de los presupuestos públicos.

Esta exigencia se encuadra en el contexto actual en el que cada día afloran casos de corrupción al amparo, entre otras cuestiones, de cierta opacidad en las administraciones, que provocan hastío e indignación entre la sociedad española y llamamientos a la necesaria transparencia en los asuntos y dineros públicos.

Por ello, y aunque las universidades tengan aún un año más para aplicar la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno aprobada por el Gobierno central -que entrará en vigor en una primera fase el próximo día 10 de diciembre para todos los organismos estatales-; sería deseable que cuanto antes adaptaran sus procedimientos y prácticas a las directrices de esta ley, y en general, operasen cada vez con menos opacidad de cara a la sociedad. A pesar de quedarse en el ‘furgón de cola’ de la transparencia.

No en vano, y según el último ‘Informe de transparencia en la web de las universidades españolas’, de la Fundación Compromiso y Transparencia, tan sólo 7 de las 75 universidades españolas tomadas en cuenta en este estudio (las 50 públicas y 25 privadas) son calificadas de ‘transparentes’, entre ellas dos andaluzas, la Pablo Olavide y Jaén; mientras que 25 públicas son ‘translúcidas’, y las 18 públicas restantes y todas las privadas son definidas directamente como ‘opacas’, entre ellas Huelva y la Internacional de Andalucía.

La sociedad debería preguntarse si las universidades han vivido, o algunas siguen viviendo, por encima de sus posibilidades

Opacidad o paso de la luz pero sin dejar ver nítidamente lo que ocurre que, lógicamente, no sólo debe erradicarse de las páginas web que analiza este estudio, sino extenderse a todos los ámbitos de la gestión universitaria.

Transparencia en la contratación de personal, que minimice la tradicional endogamia que viene también achacándose a las universidades; transparencia en la gestión de los presupuestos, que impida que tan sólo unos pocos, en detrimento de muchos, conozcan el estado de las cuentas de cada universidad; transparencia en la contratación de servicios; y transparencia en el uso, destino y cuantificación de múltiples partidas relacionadas con investigación o cursos y relaciones con empresas, entre otras cuestiones.

Esta exigencia de mayor transparencia no significa que se deba extender un manto de sospecha generalizado a todas las universidades, aunque los responsables universitarios, y la sociedad en general, también deberían preguntarse si las universidades han vivido, o algunas siguen viviendo, por encima de sus posibilidades.

Por otro lado, en éste, como en otros temas relacionados con la universidad, los partidos políticos se muestran más alejados, como si las universidades no fueran también objeto de debate, interés y gestión de recursos como los hospitales, colegios y carreteras; por lo que los partidos y la administración quizá deberían tener más presente a la universidad en su discurso.

Si bien es verdad que la autonomía universitaria debe garantizarse y que la universidad no debe politizarse -no se trata ahora de crear ‘cajas de ahorros’ en el seno de la educación superior- ello no significa que las universidades públicas, y sus responsables que también pagamos todos, no deban rendir cuentas a la sociedad. Habrá quien afirme que para eso ya están los Consejos Sociales de las universidades, en los que están presentes todos los agentes políticos y socioeconómicos, pero poco pueden hacer si lo que se ve no es transparente.


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