La UCA y el Colegio de Abogados de Jerez ratifican su colaboración en el Máster Universitario en Abogacía

La UCA y el Colegio de Abogados de Jerez ratifican su colaboración en el Máster Universitario en Abogacía


El rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella, y el decano del Colegio de Abogados de Jerez, Federico Fernández, han firmado dos convenios para regular la colaboración en el Máster Universitario en Abogacía de la UCA y fijar el modelo de financiación del título para los años 2021, 2022 y 2023. En el acto han estado acompañados por la decana de la Facultad de Derecho, Isabel Zurita, la vicerrectora de Política Educativa, Eva Garrido, el coordinador del título de la UCA, Manuel Rozados, y la vicedecana del Colegio de Abogados de Jerez, Inmaculada Delgado.

Francisco Piniella ha destacado la consolidación de esta cooperación, que “tras una década, no puede ser de otra manera desde el punto de vista de una Facultad de Derecho con su rama profesional que es la Abogacía, agradecerles su colaboración para que nuestros estudiantes puedan tener estas competencias tan importantes para su futuro desarrollo profesional”. Federico Fernández, por su parte, ha subrayado que “el Colegio decidió transformar su escuela de Práctica Jurídica en unión con la Facultad de Derecho en un máster de la Abogacía, que ha sido una colaboración magnífica y tanto alumnado como docentes están contentos con este prestigioso título”.

El nuevo documento sustituye así al anterior convenio de colaboración, suscrito entre ambas instituciones en el año 2011, que fue creado con el objetivo de materializar la puesta en marcha de una nueva oferta formativa consistente en la impartición conjunta de un máster universitario en Abogacía que condujera a la habilitación para el ejercicio de la profesión de abogado, y que está activo desde el curso académico 2012-2013. El actual acuerdo incluye así las modificaciones oportunas y necesarias de acuerdo a las normas aplicables en materia de duración de los convenios entre las universidades públicas y los entes de derecho privado, para la consecución de objetivos de formación académica propios de la función del servicio público docente universitario.


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