El curso 2026-27 será crucial para las universidades públicas andaluzas. En los próximos meses habrá que resolver cuestiones que afectan directamente a nuestra capacidad para gobernarnos, planificar y sostener un proyecto universitario con horizonte propio. La financiación vuelve así al centro del debate, porque de ella depende en buena medida que la autonomía universitaria reconocida por las leyes pueda ejercerse de manera efectiva.
La Ley Orgánica del Sistema Universitario fija como objetivo compartido alcanzar, al menos, el 1 % del Producto Interior Bruto en gasto público destinado a la educación universitaria pública. La Ley Universitaria para Andalucía reconoce, por su parte, la autonomía económica y financiera de sus universidades y articula una financiación básica destinada a garantizar su suficiencia. Las universidades debemos rendir cuentas por el uso de los recursos públicos, pero la suficiencia financiera no puede ser el premio al final del camino. Es una condición necesaria para poder recorrerlo.
También es justo reconocer que la financiación de las universidades públicas andaluzas ha crecido en los últimos años, en torno a un 30 % desde 2018 según la Junta de Andalucía. Su presidente anunció, durante la apertura oficial del curso universitario andaluz, que el proyecto de Presupuestos para 2027 recogerá un incremento de, al menos, el doble del registrado este año. Es una previsión que valoramos.
Ahora bien, como matemático, sé que una comparación porcentual solo adquiere verdadero significado cuando conocemos la base sobre la que se calcula. Que un incremento duplique al del ejercicio anterior puede ser exacto y, aun así, no decirnos si permite atender obligaciones que también han aumentado. La pregunta relevante es si la financiación disponible permite cumplir el modelo acordado.
En la Universidad de Córdoba sabemos bien qué ocurre cuando ese margen se estrecha año tras año. En 2022, el gasto de personal representaba el 84,4 % de los fondos recibidos a través del modelo de financiación; en 2025 había alcanzado ya el 95,8 %. Para 2026, la asignación inicial fue de 150,5 millones de euros, frente a los 155 estimados conforme a la cláusula de salvaguarda. No cuestionamos unas obligaciones vinculadas, en buena medida, a políticas de estabilización y promoción profesional que la Universidad ha defendido. Lo que muestran las cifras es hasta qué punto se reduce la capacidad real de decidir cuando casi toda la financiación estructural está comprometida de antemano.
Ese es el contexto en el que presentamos este verano en la UCO el Plan de Mitigación de Riesgos. Su finalidad es preservar la sostenibilidad de la Universidad y evitar que una dificultad coyuntural termine convirtiéndose en un problema estructural. Reclamar los recursos que nos corresponden no nos exime de actuar allí donde tenemos capacidad para hacerlo. Debemos buscar nuevas fuentes de ingresos, mejorar la gestión y revisar el gasto sin poner en riesgo las funciones esenciales de la Universidad.
Ese esfuerzo interno no puede sustituir las decisiones que corresponden al sistema de financiación. La Comisión Técnica debe cerrar en el próximo el cálculo de los nuevos costes asumidos por las universidades y fijar con precisión la cláusula de salvaguarda de 2026. Pero garantizarla no basta. El modelo debe cumplirse en su integridad, incluida la actualización de los gastos corrientes y el desarrollo del Plan extraordinario de Inversiones e Infraestructuras.
Estamos, además, en el último año de vigencia del actual sistema. Es el momento de completar lo que aún está pendiente y sentar bases sólidas para el siguiente. También necesitamos una perspectiva plurianual para las inversiones. Los edificios docentes, los laboratorios y las grandes actuaciones de rehabilitación requieren estabilidad y no pueden depender de decisiones aisladas en cada ejercicio presupuestario. Otras comunidades autónomas cuentan ya con marcos de este tipo y consideramos necesario que Andalucía avance también en esa dirección.
Las universidades trabajan con horizontes que rara vez coinciden con los tiempos de la acción pública inmediata. Muchos de sus resultados necesitan años para hacerse visibles y su rentabilidad social no siempre ofrece una rentabilidad política equivalente. Precisamente por eso me preocupa especialmente el riesgo de la indiferencia.
No siempre hace falta cuestionar abiertamente el valor de una institución para debilitarla. A veces basta con dejar de considerarla estratégica, aplazar sus necesidades o juzgar lo que produce únicamente por sus resultados inmediatos. Una sociedad puede discutir legítimamente cómo organizar sus universidades y cómo evaluarlas mejor. Lo que difícilmente puede permitirse es dejar de preguntarse qué perdería si fueran menos libres, menos capaces de investigar o menos preparadas para afrontar problemas cuya solución todavía desconocemos.
La autonomía universitaria exige responsabilidad y rendición de cuentas, pero necesita universidades suficientemente financiadas para poder ejercerse realmente.
Tal vez, por eso una sociedad demuestra hasta qué punto cree en su futuro por la manera en que cuida sus universidades.
Manuel Torralbo Rodríguez
Rector de la Universidad de Córdoba