El colectivo de Funcionarios Manos Limpias ha anunciado en su web la apertura de diligencias previas por parte del Juzgado de Instrucción nº 13 de Málaga contra el político e investigador universitario Íñigo Errejón, a raíz de la querella presentada por Manos Limpias por un presunto delito de estafa cometido por el número dos de Podemos en su contrato en la Universidad de Málaga. El colectivo presentó en marzo del año pasado en los juzgados una denuncia contra el ahora portavoz en el Congreso de la formación de Pablo Iglesias, por un presunto delito “de estafa y contra la Seguridad Social”. La citada querella se registró después de la apertura por parte de la UMA de un expediente disciplinario a Errejón debido al supuesto incumplimiento de sus obligaciones laborales y, ante la posibilidad, de que hubiera incumplido la Ley de Incompatibilidades como personal de investigación en el proyecto para el que estaba contratado, y su suspensión cautelar de empleo y sueldo.
El proyecto de investigación que ha dado pie a los hechos se remonta a 2014, cuando la UMA expuso la sanción al dirigente de Podemos con la inhabilitación para realizar el trabajo de investigación para el cual había obtenido una ayuda económica de 1.850 euros al mes. La remuneración mensual se establecía por el trabajo de 40 horas semanales para desarrollar el estudio La vivienda en Andalucía: diagnóstico, análisis y propuestas de políticas públicas para la desmercantilización de la vivienda, que se sumaría a la imposibilidad para desarrollar futuros proyectos con la Universidad malacitana. La sanción de la UMA se extendió al profesor de Economía Aplicada, Alberto Montero, a quien también se le abrió expediente disciplinario junto a la proposición de falta leve. El proyecto de investigación I+D estaba financiado por la Junta de Andalucía con un presupuesto de 284.604,10 euros asignados para su ejecución a la Universidad de Málaga.
En el auto dictado por la magistrada titular del Juzgado de Instrucción nº 13 de Málaga, que puede consultarse en la misma web de Manos Limpias, se señala que “los hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal” y da cuenta de ello a la Fiscalía. No obstante, también requiere al colectivo demandante que designe un procurador y que abone, en el plazo de 10 días, una fianza de 4.000 euros antes de pronunciarse sobre si admite o no la querella bajo la categoría de “acusación popular”. Asimismo, establece un plazo de tres días para que la parte acusada, Errejón, podrá ejercer su derecho a emitir un recurso de forma y otro de apelación hasta el quinto día.
El sindicato ha abierto en su página web una suscripción popular, facilitándo un número de cuenta bancaria, para recaudar los 4.000 euros de fianza requeridos por el Juzgado para así, señala Manos Limpias, “poder ejercer la acusación contra Íñigo Errejón”. El colectivo se compromete a devolver las cantidades ingresadas “una vez que el procedimiento penal se haya resuelto”.
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