La universidad, desde sus orígenes, es un actor indispensable para garantizar el progreso de la sociedad y es, sin ninguna duda, la esperanza para construir un mañana más próspero para todos.
Andalucía puede sentirse orgullosa de la alta calidad docente y probada solvencia científica que emana de sus instituciones de educación superior, capaces de aportar, como nos ha demostrado la historia más reciente, soluciones ajustadas a las necesidades de nuestro tiempo y a las venideras.
Por eso, las administraciones debemos estar a la altura de lo que necesitan nuestras universidades, porque su fortalecimiento redundará en mayores cotas de bienestar y prosperidad para nuestra tierra.
La universidad necesita certidumbre, necesita seguridad y necesita estabilidad.
Por primera vez, el Gobierno de Andalucía ha creado una consejería específica en materia de universidades e investigación e innovación, con el firme propósito de poner en valor la aportación del sistema universitario y el sistema de conocimiento andaluz al desarrollo económico y social.
Hemos iniciado una legislatura en la que verán la luz instrumentos esenciales para el devenir de estas instituciones como la ley autonómica en materia universitaria, un modelo de financiación acorde a las necesidades del sistema, el decreto de ordenación de enseñanzas o la primera estrategia universitaria, que llevamos recientemente a Consejo de Gobierno.
Esta estrategia sentará las bases que guiarán la política andaluza de apoyo y fomento de la actividad universitaria en los próximos cinco años y nos permitirá disponer, por primera vez, de una herramienta que aglutine de forma homogénea las acciones y políticas que deben desarrollarse en nuestro sistema de educación superior con el fin de hacerlo aún más competitivo y de incrementar su excelencia.
Una aspiración que debería ser, igualmente, la razón de ser de la futura Ley Orgánica para la reforma del Sistema Universitario (LOSU), pero que lamentablemente, tal y como está planteada, no llega y no da respuesta a cuestiones tan importantes como la estabilidad del profesorado.
Porque las condiciones de trabajo y la cualificación del personal de nuestras universidades es clave para asegurar la calidad de la docencia y la investigación que en ellas se desarrolla.
Desde este convencimiento, estamos trabajando para limitar el uso de la figura de los profesores sustitutos interinos, que tiene, por definición, un carácter temporal. Cuestión en la que ahondará también la nueva Ley Andaluza de Universidades.
Una normativa que va a nacer fruto del diálogo y el consenso, del respeto hacia todas las sensibilidades y con el objetivo de alcanzar soluciones compartidas que nos lleven a un estatus en el que nos sintamos todos igual de satisfechos. Porque solo caminando juntos podremos alcanzar las mayores metas.
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