El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha reclamado a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que concrete la financiación adicional que recibirá Andalucía para su sistema universitario y de ciencia, tal y como ya se ha hecho en el pacto entre el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez, en el que se recoge una transferencia anual a la Generalitat de 150 millones extraordinarios. Así se lo ha trasladado durante la reunión que ha mantenido Morant con todos los consejeros autonómicos con competencia universitaria en el marco de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), foro en el que también ha abordado otros asuntos de interés como es la infrafinanciación de los campus de Ceuta y Melilla.
Gómez Villamandos ha explicado que, tras ese pacto político, Andalucía y el resto de comunidades autonómicas merecen saber cuántos fondos extraordinarios vía presupuestos generales del Estado percibirán, al tiempo que ha advertido que la financiación que se establezca para cada uno de los territorios “deberá ser acorde al peso que tengan los sistemas universitarios y de I+D+I regionales”. En ese contexto, ha recordado que “el sistema de financiación autonómica debe ser solidario para evitar que existan comunidades de primera y de segunda y para procurar que todas perciban fondos de acuerdo con unos criterios determinados”. Según ha remarcado, Andalucía destaca por contar con el mayor sistema público universitario en español y por acumular una infrafinanciación durante años que se cuantifica en más de 1.400 millones de euros anuales.
Por otro lado, el titular de Universidad ha celebrado que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades “por fin” haya atendido las reclamaciones que desde hace meses se vienen realizando desde el Ejecutivo andaluz sobre la ejecución de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Para Gómez Villamandos la decisión de Diana Morant de plantear un nuevo calendario y crear un grupo de trabajo para evaluar el alcance financiero de las distintas medidas contenidas en la nueva legislación estatal “da la razón a quienes hemos advertido de la complejidad de su desarrollo y del elevado coste económico que entraña”. Desde el Gobierno autonómico se ha venido reivindicando desde la fase de tramitación de la LOSU o bien una reforma integral de la norma, o bien un retraso en su implantación hasta evaluar convenientemente los gastos económicos implicados. En Andalucía, el desarrollo de todas las disposiciones incluidas en la LOSU conllevará un montante de 159,3 millones de euros adicionales para los presupuestos de las nueve universidades públicas andaluzas que imparten grados, según la estimación realizada por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Esa cuantía se eleva a más de 800 millones para el conjunto nacional.
Ante este cambio de enfoque, Gómez Villamandos se ha mostrado satisfecho y ha confiado en que, a través de ese grupo de trabajo, se escuchen a todas las comunidades y se puedan adoptar las medidas y políticas que sean necesarias para “resolver de verdad los problemas por el bien de las universidades y del conjunto del sistema del conocimiento”, ha apuntado. No obstante, ha mostrado su temor ante las conclusiones que en materia de financiación se puedan derivar de ese grupo de trabajo, ya que “hay comunidades como Andalucía que lleva haciendo un gran esfuerzo, incrementando en más de un 20% sus inversiones en materia universitaria en los últimos cinco años”. “Confiemos en que ese compromiso se vea recompensado y reconocido”, ha añadido.
En Andalucía, el esfuerzo inversor de su Ejecutivo autonómico la convierte en la región que más destina a educación pública universitaria respecto a su PIB, con un porcentaje que alcanzó ya el 1% en 2023 gracias a la aplicación parcial del nuevo modelo de financiación. Precisamente, en septiembre del año pasado, la Junta aprobó, con el consenso de los rectores, el nuevo instrumento que guía la distribución de recursos, garantizando la suficiencia financiera y dando certidumbre al conjunto del sistema. Para el próximo ejercicio 2024 dicha herramienta contará con una cifra récord de 1.685 millones, lo que representa un incremento del 4% con respecto a la partida reservada el pasado 2023.
Más financiación para los campus de Ceuta y Melilla
Por otro lado, José Carlos Gómez Villamandos ha puesto de manifiesto en la reunión de la CGPU la “clara infrafinanciación” que sufren los campus de Ceuta y Melilla por parte del Gobierno central, por lo que ha exigido a la ministra Morant que se cumplan los compromisos adquiridos. “Se nos ha adelantado que en las cuentas del próximo año se podría incluir una aportación adicional de dos millones, un importe que se sitúa muy lejos aún de lo que sería deseable”, ha apostillado el consejero. Por todo ello, ha solicitado al Gobierno central que “se blinden ambas sedes, que se aumente la financiación y que se cree una comisión de seguimiento”.
Al respecto ha recordado que durante los últimos años se observa un descenso de aportación estatal, lo que ha obligado a la Universidad de Granada (UGR), a través de los recursos que recibe de la Junta, a asumir mayor responsabilidad para que la calidad de los servicios no se vea mermada. De hecho, en los presupuestos generales del Estado para 2023 se recogían 9,08 millones destinados a la UGR para la financiación de los dos campus, un montante que, según las estimaciones previstas por la propia institución académica, tan sólo alcanza al 52,98% de los gastos necesarios para el mantenimiento de dichas sedes. Además, ese porcentaje ha disminuido, además, de forma sustancial desde 2010, cuando se registró un 83,66%. Debido a esa insuficiencia de recursos transferidos por vía estatal, los gastos de estas sedes con cargo a la UGR se han multiplicado por más de cuatro desde 2010.