El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha asegurado este jueves durante su intervención en el pleno del Parlamento de Andalucía que las universidades públicas andaluzas no sufren una situación de “asfixia financiera” y que la activación de las universidades privadas no repercutirá “en absoluto” en la financiación de las instituciones académicas públicas, que será la más alta de la historia en el año 2023. Al mismo tiempo, ha vuelto a recordar que la Junta de Andalucía “ni crea ni financia universidades privadas”.
En este sentido, Gómez Villamandos ha explicado que la Junta de Andalucía no tiene competencias en la creación de universidades privadas, ya que “tan sólo le corresponde tramitar las solicitudes y elaborar los proyectos de ley”. Por tanto, en palabras del consejero, “no podemos actuar de forma arbitraria” ante las solicitudes para la implantación de universidades privadas.
Palabras con las que ha respondido a la portavoz adjunta del grupo Por Andalucía, Esperanza Gómez, después de que la también presidenta de Más País Andalucía preguntase al titular de Universidades por el acuerdo que adoptó el Consejo de Gobierno la semana pasada para dar “luz verde a la creación de dos universidades privadas en Andalucía con dos proyectos de ley”. Proyectos, en referencia a las universidades CEU Fernando III y Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (Utamed), que van a ser remitidos a la Cámara autonómica.
Batalla por la aprobación de nuevas universidades privadas
Esperanza Gómez, durante su intervención, subrayaba que “los rectores de las universidades públicas andaluzas se han manifestado en contra” de esos proyectos y han recordado “un comunicado elaborado y publicado en febrero del año pasado donde se ponían de manifiesto las graves carencias e incumplimientos de los requisitos establecidos en la normativa aplicable en el decreto de 2021 relativa a la autorización de universidades privadas”. :
En esa línea, la diputada de Por Andalucía ha preguntado a Gómez Villamandos si el Consejo de Gobierno pensaba “seguir adelante, a pesar de la posición contraria de los rectores andaluces, con la autorización de estas dos nuevas universidades”.
Cuestiones a las que el consejero ha respondido señalando que, en el caso de las dos instituciones de carácter privado que han obtenido recientemente el visto bueno por parte del Consejo de Gobierno, estas normativas se trasladarán al Parlamento para su debate y, en su caso, aprobación, tal y como establece el marco legislativo vigente definido por la Ley orgánica de Universidades del Estado y por el Real Decreto que la desarrolla, así como por la norma autonómica en la materia. “La aprobación de los proyectos de Ley relativos a las universidades privadas le corresponde a este Parlamento, democrático y soberano, que representa la voluntad de los andaluces” ha añadido.
Asimismo, Villamandos ha puesto de manifiesto que, tal y como defendía como rector, la Consejería exige de forma rigurosa a las futuras universidades privadas los requisitos necesarios para garantizar una docencia de calidad y que “prueba de ello ha sido la retirada de 4 proyectos de universidades privadas que no cumplían con los requisitos exigidos”.
Además, el titular de Universidad, Investigación e Innovación ha lamentado que, respecto a la aprobación de los proyectos de ley de las universidades privadas se pretenda generar “cierta confusión de forma interesada y partidista” y ha pedido que si realmente existe preocupación por la calidad del sistema público universitario, todos los actores involucrados debieran criticar la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), “una norma sin consenso que no cuenta con informes del Consejo de Estado ni del Consejo de Universidad y que generará universidades públicas de primera y de segunda categoría, que no nace del consenso”.
“Asfixia financiera”
Uno de los reproches formulados por Esperanza Gómez ha sido que las universidades públicas andaluzas “viven una situación de asfixia económica que lastra gravemente nuestro sistema universitario” y las “muchas dificultades” que tienen “para consolidar y hacer una carrera universitaria adecuada para que los jóvenes que se forman aquí quieran seguir estando en el sistema andaluz”. Unos “problemas reales de asfixia financiera”, que se han visto en otros ámbitos como la sanidad, apuntaba, que primero “asfixian el sector público y, una vez que eso pasa a costa de bajar la financiación, llegan las universidades privadas”. Por ello la parlamentaria, que es además profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, ha advertido que las nuevas universidades privadas “no vienen a innovar nada, no traen titulaciones que pudieran resultar atrayentes para nuestros universitarios” y, a su vez, “vienen a duplicar una oferta que ya existe a cambio de comprarse un título”.
“Vienen a implantarse en un modelo asfixiado donde los rectores no paran de denunciar la falta de medios para dar solución a los retos que se plantean hoy día”, ha remachado la portavoz adjunta de Por Andalucía. Todo ello, antes de concluir que “necesitamos dinero para investigar, y sobre todo pagar a nuestro personal universitario, que es el más precario de toda España”.
Ante esto, Gómez Villamandos ha insistido en aseverar nuevamente que “la Junta ni crea ni financia universidades privadas, y en cualquier caso la actividad de dichas universidades nunca afectará a la financiación de las universidades públicas, que alcanza el 1% del PIB andaluz. El mayor porcentaje de toda España”, según ha resaltado el consejero antes de aseverar, por ello, que “nuestras universidades no están asfixiadas”.
Por la universidad pública
Gómez Villamandos ha defendido que el Ejecutivo andaluz “apuesta decididamente por la universidad pública y por mejorar la competitividad del sistema universitario público con una financiación adecuada y suficiente, pero eso no significa ni que condene la iniciativa privada ni que esté dispuesto a incumplir la ley”. En este sentido, ha remarcado que la defensa del sistema público por parte del actual Gobierno andaluz se demuestra con la mayor transferencia económica de toda la historia, en 2023, que recibirán las universidades públicas andaluzas”. No obstante, ha recalcado que “eso no significa que se deba condenar a las universidades privadas ni que estemos dispuestos a incumplir la Ley”.
Ante esto, Gómez Villamandos ha pedido que se respeten los procedimientos y la legitimidad democrática del Parlamento de Andalucía, que es, en todo caso, quien decide sobre la aprobación o no de los proyectos de ley. Y lo ha hecho remarcando que la Junta de Andalucía “defenderá siempre la libertad y los derechos de todos los actores que intervienen en el sistema económico de la comunidad, sin reproches, sin reparos y sin persecuciones”.