La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y las diez instituciones académicas públicas han celebrado la primera reunión de trabajo para abordar el nuevo Plan Extraordinario de Inversiones e Infraestructuras para el periodo 2024-2027 y los criterios para distribuir los recursos con los que estará dotado. El consejero José Carlos Gómez Villamandos ha presidido este encuentro con los vicerrectores de Infraestructuras y con el presidente de la Comisión de TIC, Infraestructuras y Digital de la Asociación de Rectores de las Universidades Públicas Andaluzas (AUPA) y rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz.
El Ejecutivo autonómico ha decidido comenzar a trabajar en este plan como instrumento de forma paralela al proceso de tramitación que está siguiendo para su aprobación final por Consejo de Gobierno con el fin de agilizar la toma de decisiones y avanzar en la selección de los proyectos susceptibles de recibir financiación para ponerlos en marcha lo antes posible. En ese sentido, Gómez Villamandos ha destacado que esta primera toma de contacto será de gran utilidad para “poner en común aquellas infraestructuras que las universidades consideran necesarias y estratégicas para el crecimiento y fortaleza de sus campus”. “Somos conscientes de la necesidad de renovar y modernizar las instalaciones de nuestras universidades para fortalecer su competitividad, mejorar su docencia y su actividad investigadora, incrementar su transferencia al tejido empresarial y, de esa manera, contribuir a un mayor desarrollo económico de los territorios en los que se insertan”, ha apostillado.
El nuevo plan, cuyo diseño y desarrollo está contemplado en el modelo de financiación consensuado con toda la comunidad universitaria, contará con un aporte inicial para todo el periodo de vigencia de 80 millones de euros procedentes de transferencias de financiación de la Junta no ejecutadas por las instituciones académicas. A este primer eje de actuación se sumarán otros dos que permitirán incrementar considerablemente esos fondos y en cuya concreción está inmersa la Junta, según ha subrayado el consejero.
Ese primer capítulo dotado con 80 millones permitirá a las diez universidades acometer mejoras de instalaciones e infraestructuras consideradas prioritarias para sus campus. Para seleccionar las iniciativas que se pueden acoger a esta línea del plan, la Consejería de Universidad ha trasladado a las instituciones los criterios a tener en cuenta, entre los que destaca que las actuaciones estén en ejecución y hayan sido autorizadas en el plan de 2020-2023. También se ha establecido como prioridad que las inversiones previstas cuenten con proyectos ya definidos y con la tramitación administrativa en un estado avanzado que haga posible su ejecución entre los años 2024 y 2025.
De igual modo, se primarán las remodelaciones y adecuaciones de infraestructuras ya existentes, especialmente de aquellas que sean consecuencia de la cesión gratuita de otras administraciones, así como las actuaciones que se tengan que llevar a cabo con carácter urgente para posibilitar la implantación de títulos incluidos en la programación académica aprobada por la Junta. Asimismo, se elegirán de forma preferente las inversiones que sean resultado de las auditorías energéticas realizadas por las universidades y que tengan como objetivo reducir el consumo de energía y aumentar la confortabilidad de la comunidad universitaria.
Los otros dos ejes del Plan Extraordinario de Inversiones
Al margen de las transferencias no ejecutadas, este instrumento se asienta sobre un segundo apartado que, con financiación europea, dará cobertura a intervenciones de transformación digital y energética de edificios y dependencias universitarias. Para Gómez Villamandos, esta línea de trabajo supone la oportunidad de “contar con universidades modernas y respetuosas con el entorno”. Por último, la tercera vía contempla el impulso de nuevos proyectos apoyados con fondos extraordinarios de la Junta en función de su viabilidad económica y técnica.
Para estas dos líneas de acción del plan, la Consejería está trabajando para afinar y perfilar las nuevas aportaciones. En ese sentido, el consejero ha avanzado a los vicerrectores la posibilidad de que las universidades opten por primera vez al programa de incentivos destinado a apoyar intervenciones en materia de eficiencia energética en las Administraciones públicas que convoca la Agencia Andaluza de la Energía, dependiente de la Consejería de Industria, Energía y Minas. Estos incentivos, que se ampararían en el tercer capítulo de fondos extraordinarios, están previstos lanzarse en el primer semestre de este año. Se concederán en régimen de concurrencia no competitiva, por lo que el consejero ha puesto de manifiesto “la necesidad de que las posibles actuaciones que se acojan cuenten con sus proyectos perfectamente definidos para poder beneficiarse de las ayudas”. Además de esta alternativa que se abre con la Agencia Andaluza de la Energía, el Ejecutivo autonómico está estudiando otras posibles vías de financiación de carácter extraordinario.
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