La Conferencia de Rectoras y Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) siempre se ha manifestado partidaria de implementar las novedades íntegramente desde el primer momento; sin embargo, la realidad ha puesto de manifiesto que eso no es posible y entiende que el Ministerio toma la iniciativa de flexibilizar las medidas relativas al Personal Docente e Investigador (PDI).
En cuanto al denominado Plan Integra para cubrir las necesidades derivadas de la nueva regulación de los contratos de profesorado, se trata de un primer paso y, por ello, CRUE pide al Estado y las comunidades autónomas que alcancen un acuerdo en el seno de la Conferencia General de Política Universitaria sobre la financiación específica de dicho plan. CRUE insiste en que es importante contar con las plazas de profesorado necesarias para iniciar el curso 2024-2025 conforme a la nueva estructura de la plantilla del profesorado que marca la Ley.
Sobre la conveniencia de prorrogar un año el plazo para elaborar Estatutos, CRUE no se pronunció en la reunión del grupo de trabajo sobre financiación de la LOSU, ya que no había sido objeto de discusión previa en el seno de la asociación.
Finalmente, la Conferencia de Rectoras y Rectores también insta al Estado y a las comunidades autónomas a continuar trabajando, desde la corresponsabilidad y la lealtad institucional, para alcanzar el objetivo de una inversión en educación superior, como mínimo, del 1% del PIB nacional para 2030, tal y como contempla la LOSU.
La Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (en adelante, LOSU) contiene una serie de novedades en el ámbito de la gobernanza y de la carrera académica que afectan a la actividad de las universidades. Este documento recoge información sobre los cambios más destacados y el régimen transitorio en estos ámbitos.
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