La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) es la tercera norma que regula la educación superior en España desde la restauración de la democracia. Esta nueva normativa sustituye a la Ley Orgánica de Universidades (LOU) de 2001. Su objetivo es adaptar el sistema universitario a los retos y transformaciones sociales, culturales, tecnológicos, medioambientales y científicos del siglo XXI, así como garantizar la calidad, la equidad y la sostenibilidad de las universidades públicas y privadas.
La LOSU fue aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 9 de marzo con el apoyo de 182 votos a favor y 157 en contra. Entró en vigor el 12 de abril de 2023, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE). Entre las novedades que presenta, se encuentra el reconocimiento del derecho a la huelga estudiantil y el fin de los colegios mayores segregados, además de un compromiso de gastar el 1% del PIB en 2030, entre otras.
Reducción de la precariedad laboral
Uno de los objetivos esenciales que recoge la LOSU es la eliminación de la precariedad en el empleo universitario. Para ello, la reforma establece: la reducción del 40% al 8% el máximo de contratos de carácter temporal del personal docente e investigador que pueden estar vigentes en las universidades públicas; el profesorado “asociado” aportará sus conocimientos en aquellas materias en las que su experiencia profesional resulte relevante, estableciendo un máximo de 120 horas lectivas en su docencia y no podrán realizar tareas de gestión y coordinación. Asimismo, se “mejoran” las condiciones laborales de este tipo de trabajadores convirtiendo sus plazas temporales en indefinidas; incorporación de la figura del profesorado “sustituto” cuya finalidad será la de sustituir al docente, con derecho a reserva de puesto de trabajo, que suspenda temporalmente sus servicios.
Financiación pública y tasas universitarias
La nueva ley plantea el compromiso de una inversión mínima del 1% del PIB hasta 2030 en la educación universitaria pública. En 2023, la partida presupuestaria total para educación supone un 4,4% del PIB y el Gobierno se marcó como compromiso alcanzar el 5% en 2025. Como solución a las subidas de los precios públicos de las universidades, esta reforma instaura además un límite al incremento de las tasas universitarias, que solo podrán mantenerse y/o reducirse.
Vida universitaria
La LOSU defiende la búsqueda de una mejoría en la vida estudiantil y en la calidad universitaria, por lo que incluye que la participación de los estudiantes en los órganos de gobierno de la universidad como el Claustro o los Consejos de Facultad o Departamento alcance al menos el 25%, y la creación del Consejo de Universidades como órgano de máxima representación y coordinación del estudiante. Asimismo, la nueva ley recoge que el organismo estudiantil competente podrá declarar días de paro académico o huelga, siempre que se respete el derecho a la educación. Este paro académico podrá ser total o parcial.
Derechos de la comunidad universitaria
Para crear una universidad, pública o privada, se deberán contar con planes de igualdad, medidas para eliminar la brecha salarial y protocolos frente a todo tipo de acoso. Asimismo, serán obligatorias las Unidades de Igualdad y las de Diversidad y todos los órganos de las universidades tendrán una composición equilibrada entre mujeres y hombres.
Por otro lado, la ley prohibirá que los colegios mayores privados con un régimen no mixto o segregado se adscriban a una universidad pública. Esta norma nace, según EFE, a raíz de la propuesta de Más País ante los cánticos machistas sucedidos en octubre de 2022 en el Colegio Mayor Elías Ahuja de Madrid.
Además, se establece un cupo de reserva para personas con discapacidad en las ofertas de empleo público y las universidades deberán facilitar la lengua de signos al estudiante y fomentar estudios propios adaptados, entre otras medidas.
Universidad para todas las edades
Otra de las principales novedades introducidas por la LOSU es fomentar una formación universitaria dirigida a todas las edades. De esta forma, se establecerán “títulos propios de formación a lo largo de la vida”, mediante modalidades diversas, incluidas las llamadas microcredenciales, micromódulos y otros títulos de corta duración.
Carrera académica más estable
Según indica el Ministerio de Universidades, la LOSU busca la implantación de una carrera académica “más estable y predecible”. Para ello se reducen en tres las etapas de progresión (incorporación, consolidación y promoción), frente a las cuatro vigentes con la LOU.
Desde el inicio de los estudios de doctorado hasta la estabilización solo pasarán diez años, consiguiendo así un “rejuvenecimiento” de la plantilla universitaria. El acceso a la carrera se realizará con la figura del Ayudante Doctor, con un contrato de 6 años (en vez de los 5 de la LOU), eliminando la acreditación para esta figura al igual que se hace en el resto de los países europeos, y accediendo por concurso público.
Pasados estos 6 años se podrá alcanzar la estabilización a través de las figuras de Titular de Universidad o bien de Permanente Laboral. Por último, la figura de promoción será la del Catedrático.
Se incorporan nuevos principios para las evaluaciones al profesorado que tendrán en cuenta el acceso abierto de las publicaciones, el impacto territorial de las investigaciones, la pluralidad lingüística, la experiencia profesional, y las particularidades de cada disciplina académica.
Internacionalización
Con el fin de internacionalizar el sistema universitario español, la LOSU plantea: aprobar la Estrategia de Internacionalización del Sistema Universitario en colaboración con las Comunidades Autónomas y las universidades; reforzar las alianzas universitarias europeas, euro regionales e internacionales con la creación de títulos compartidos; darle mayor prioridad en la movilidad internacional del estudiante. Se agilizan los visados por estudios para atraer talento y, al graduarse, el alumno podrá prorrogar su estancia en el extranjero durante dos años para hacer prácticas o trabajar; nace la figura del Profesorado Distinguido, con la función de atraer docentes de prestigio académico e investigador, nacional o extranjero.
En definitiva, una serie de cambios que cuya finalidad es implantar una universidad mejorada. Todo ello conllevará una modificación de los estatutos de las instituciones universitarias que cuentan con un periodo de dos años para adaptarse a la nueva normativa LOSU.
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