Con un retraso de cuatro años desde que fuera presentada en 2014, el Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado el anteproyecto de Ley de Juventud. El objetivo de esta norma es elevar al máximo rango legal todas las políticas que desarrolla la Administración autonómica para los jóvenes, tal y como se ha expuesto ante los medios. Se trata de un gran avance en materia social andaluza, donde los jóvenes (personas entre 15 y 34 años) suponen el 23% de la población. La aprobación del anteproyecto fue presentada ayer por la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez.
La líneas de actuación de la Ley de Juventud están enfocadas a trabajar en la inserción laboral de los jóvenes, así como su acceso a la vivienda y la defensa de sus derechos socioeconómicos. En total, esta nueva norma contará tras su aprobación final con un presupuesto de gasto de 485,8 millones de euros a repartir en cuatro años.
Una ley transversal
Tal y como se ha recalcado desde el Gobierno andaluz, se trata de un modelo legislativo transversal, donde se efectuarán medidas en diferentes sectores como son el empleo, emprendimiento, acceso a la vivienda o paliar las medidas de recortes sociales de las que se han visto afectados los jóvenes. Así mismo también se reforzarían medidas que ya se han establecido por la Junta de Andalucía, como son la bonificación de las matrículas universitarias.
Ante el desarrollo del empleo joven, la nueva Ley de Juventud atendería a la consolidación de proyectos ya implementados, como son los planes Emple@Joven y 30+, que se llevan a cabo desde los ayuntamientos. También entra en la nueva norma el programa Andalucía Emprende, donde se da apoyo y seguimiento a los proyectos empresariales presentados por jóvenes. Así el año pasado, Andalucía Emprende atendió a más de 14.500 personas, sumando su apoyo a las ayudas de Innoactiva 6000, con incentivos económicos para la constitución de iniciativas empresariales.
A nivel europeo, la norma se suma al Sistema de Garantía Juvenil de la Unión Europea, donde están registrados más de 282.671 desempleados jóvenes, el 26% del total de beneficiarios en España. Junto a este sistema, la ley trabajaría en la mejora de ofertas de trabajo, formación y prácticas empresariales, trabajando además en el retorno de los jóvenes que han salido al extranjero por la crisis.
Viviendas y formación
La Ley de Juventud también atenderá la demanda de acceso a la vivienda por parte de los jóvenes andaluces, valorando la edad en los registros públicos de demandantes, gestionados por los ayuntamientos.
En cuanto a la cultura y la formación, la norma trabajará en la difusión de las creaciones y propuestas presentadas por los colectivos jóvenes en los espacios habilitados por la Junta, añadiendo un plan anual de educación no formal así como la regulación de las Escuelas de Tiempo Libre.
Ante la profesionalización de los jóvenes, se presentará la elaboración de un mapa de competencias, cuyo objetivo es regular las actividades y funciones de los profesionales especializados.
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