El Gobierno de España ha generado en los últimos meses una gran confusión y malestar en la comunidad universitaria con su intento de regular las prácticas de los alumnos universitarios. Esta regulación ha sido opaca y ha carecido de la participación y opinión de las universidades, de las comunidades autónomas y de los empresarios, lo cual ha generado un clima de indefensión y de inseguridad jurídica, tanto para los alumnos y sus familias como para las administraciones públicas.
Uno de los puntos más polémicos ha sido la cotización de las prácticas no remuneradas recogidas en la nueva ley de pensiones. El Gobierno central se vio obligado a aplazar su entrada en vigor debido a que los gobiernos autonómicos, las universidades e, incluso algunos ministerios del propio Gobierno central, no estaban preparados para implementar una medida que generaría una carga económica y burocrática para las administraciones públicas en las que los alumnos realizan sus prácticas.
Sin embargo, esta moratoria solo posterga el problema, ya que la norma sigue en pie tal y como fue aprobada. A menos que el nuevo Gobierno dé marcha atrás, la confusión y el caos para la Administración y las universidades persistirán en los próximos meses.
El Gobierno andaluz no se opone a la cotización en sí misma, sino a la ejecución de una medida sin diálogo ni consenso, de una medida que carece de las garantías jurídicas necesarias. En este sentido, desde la Junta de Andalucía estamos trabajando en la elaboración de un convenio único que simplifique los trámites burocráticos para la realización de prácticas de los alumnos universitarios en los organismos de la Administración autonómica.
Por otro lado, el denominado Estatuto del Becario sigue sin concretarse, ya que la ministra Yolanda Díaz solo ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos sin contar con el respaldo ni de las universidades ni de la patronal ni de las comunidades autónomas. Es la demostración de las consecuencias de legislar sin diálogo, como lo ha lamentado la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Esta institución ha advertido que el establecimiento de una compensación obligatoria para los gastos de los estudiantes en prácticas provocará una disminución dramática en el número de empresas y entidades públicas dispuestas a acoger a estudiantes en formación generando una gran complejidad y dificultades adicionales en la gestión de las prácticas.
Es importante destacar que las prácticas universitarias siempre han sido concebidas como una actividad formativa y académica, no laboral. Han sido de gran importancia para complementar la formación de los alumnos en un entorno profesional, por lo que desde el Gobierno de Andalucía se ha impulsado su realización y se ha promovido la formación dual.
Ante esta situación, la Junta de Andalucía considera fundamental establecer un gran pacto entre todas las partes involucradas, no solo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos. Es necesario alcanzar un acuerdo con la patronal, las universidades, el Ministerio de Universidades, el Ministerio de Trabajo y las comunidades autónomas. Solo a través de un consenso amplio y diverso se podrán establecer normas sólidas que beneficien a toda la sociedad.
En definitiva, considero que el Gobierno de España ha generado equívocos e inquietud en la comunidad universitaria con su intento de regular las prácticas de los alumnos universitarios y se hace imprescindible establecer un diálogo y un consenso real con todas las partes involucradas para asegurar las garantías jurídicas necesarias y promover prácticas universitarias que sean beneficiosas tanto para los alumnos como para las empresas y las administraciones públicas. Solo así se podrá resolver esta situación y avanzar hacia un sistema de prácticas más justo y eficiente.
José Carlos Gómez Villamandos
Consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía
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