De la misma forma que sin oxígeno es imposible la vida, en ausencia de derechos y libertades es impensable que la Universidad pueda realizar su función social. El trabajo intelectual del investigador y del estudiante, la atmósfera laboral del personal de administración y servicios, requieren de un entorno en el que el respeto y la garantía de la dignidad de la persona, y por extensión la de los derechos y libertades que le son inherentes, estén eficazmente asegurados. Por esa razón, el desconocimiento, menosprecio u olvido de los derechos y libertades no sólo afectan gravemente a las víctimas directas, sino que suponen un daño de costosa reparación para la institución en su conjunto, y, sin necesidad de llevar las cosas al extremo, para la entera sociedad, con mayor sentido cuando la Universidad que nos ocupa es la Universidad pública, generadora de igualdad, la que sostenemos entre todos como sociedad democrática y que permanentemente nos rinde cuentas.
Los derechos y libertades, su respeto y protección, nos compete a todos los miembros de la comunidad universitaria. Deben ser, sin duda ya lo son, parte de nuestra cultura universitaria, de nuestro quehacer diario. La creación de ciencia, estudiar o aprender en libertad, no es posible de otra forma. No obstante, cuando de proteger derechos se trata mejor sería estar vigilantes y no bajar la guardia, pero sin dejar de reiterar que esta función de vigía ha de ser tarea de todos, el primero de los deberes democráticos de todos y cada uno de los miembros de la comunidad universitaria. Creer que los derechos y libertades más esenciales están garantizados porque existe autoridad que los puede imponer es sólo cierto a medias. Sin una cultura de los derechos, los espacios de libertad que con los mismos nacen, no serán ni reales ni efectivos, sino pura ilusión teórica o, en su caso, penosa y larga realidad procesal con todas sus garantías.
Defender derechos es, en primer lugar, hacer que formen parte de los elementos constitutivos de nuestra comunidad universitaria. Proteger derechos es, en segundo lugar, hacer que estos se entiendan no como parcelas de libertad individuales y en potencial tensión, más bien como lo contrario, es decir, como un haz de facultades del que todos disfrutan con un para qué colectivo: “La Universidad de Sevilla está al servicio, dentro del marco constitucional, del desarrollo intelectual y material de los pueblos, de la defensa de los Derechos Humanos, del Medio Ambiente y de la Paz” (art. 3 Estatuto Universidad de Sevilla). Garantizar derechos es, finalmente, que la Universidad sea un referente ético social, que ocupe un lugar de vanguardia en la generación de ciudadanía.
Desde la Defensoría de la Universidad de Sevilla trabajaremos con todos los demás en la consecución con este propósito colectivo.
Por Fernando Álvarez-Ossorio
Defensor Universitario de la US
@falvarezossorio
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