Unos pocos de miles universitarios catalanes capitanean la contestación social a la sentencia del procés. La permanente algarada y presión de grupos estudiantiles, siempre minoritarios, pero con fuerte apoyo mediático de los medios cercanos a la independencia, propensos a las huelgas y manifestaciones varias, con violencia o sin ella, encierros en los centros e incluso impidiendo el acceso a las clases han conseguido que los claustros se pronuncien a favor del proceso independentista y conseguir flexibilidad en la evaluación y así compaginar las clases con las protestas. La más reciente la acampada en la plaza de la Universitat de Barcelona donde unas 200 tiendas de campaña mantienen la tensión y la presión, casi como el cordón umbilical que necesita el independentismo para mantenerse en primera línea informativa, pese a que son conscientes de que la vía unilateral está condenada al fracaso, desde el mismo 1 de octubre de 2017, cuando se proclamó un república catalana que duró, exactamente, dos segundos.
Desde que los estudiantes de la Universidad de Lleida se movilizaran contra la sentencia del Tribunal Supremo fue su claustro el primero que aprobó un manifiesto contra la sentencia, exigiendo, además, la libertad de los políticos presos. Luego se sucedió la cadena del resto de las Universidades catalanas, alineadas de forma clara y rotunda a favor del procès y flexibilizaron la evaluación. Así, el manifiesto de la UAB comparte las tesis y las proclamas de las fuerzas independentistas.
Es posible que quienes no estamos en el meollo del independentismo, sino en todo lo contrario, no terminemos de entender los pasos dados por los claustros y el sometimiento a las presiones de reducidos grupos de estudiantes. La jornada huelga general del 30 de octubre apenas si tuvo una respuesta del 20% en el mayor caso pero es que, al día siguiente, en la Universidad de Lleida se esperaba una nueva concentración ante el Rectorado y se dieron cita no más de 40 estudiantes que hizo decir a uno de ellos que apenas si había brazos para levantar la pancarta que se enseñoreaba por encima de sus cabezas: “Cuando la tiranía es ley, la revolución es orden”, pronunciada por Pedro Albizu, libertador de Puerto Rico.
Nadie o muy pocos dudan de que la Universidad es espacio para generar y crear un pensamiento crítico, algo que está en su genes, pero también es necesario reivindicar la neutralidad que se le debe atribuir a una institución pública. Otra cosa es cuando la Universidad está al servicio y a las órdenes de una dictadura, que ya es sabido y padecido cómo funcionaba la Universidad española con el franquismo. Y además surge al momento la pregunta si la Universidad, el claustro, debe o no pronunciarse y de forma tan rotunda como lo han hecho las universidades catalanas sobre un asunto tan controvertido y no aceptado por la totalidad de los estudiantes como se ha visto en el elevado número a los que el procès no es lo que les quita el sueño, sino terminar la carrera y encontrar un trabajo digno para lo que han estudiado.
Yo, a la vista de lo que sucede en las universidades catalanas, recuerdo mi paso por la Universidad de la década de los años sesenta, años de dureza extrema, de enfrentamientos continuos con la policía franquista, en una lucha constante contra la dictadura de Franco y el sindicato vertical del Régimen. Con asambleas y encierros clamorosos, con el recuerdo de nombres y hechos que marcaron a una generación de universitarios como el encierro de Las Salesas, en Barcelona, los encierros y huelgas en el Caserón de San Bernardo de la Facultad de Ciencias Políticas en Madrid, o la cruenta manifestación en el campus de Madrid y posterior redada de los profesores Agustín García Calvo, López Aranguren, Montero Díaz, Tierno Galván y otros. Y digo o recuerdo aquellos hechos porque los que éramos “recogidos” por la policía y declarados luchadores sabíamos lo que nos esperaba: multas, pérdida de convocatorias y de exámenes, expulsión de la Universidad y, por supuesto, cárcel. Te la jugabas y podías hasta perder la matrícula. Ahora, en Cataluña, es todo lo contrario y los estudiantes ven premiada su actitud con evaluaciones a la carta, le facilitan ir a la huelga, y si haces barricadas, impides el paso a quienes quieren estudiar y asistir a clase, o levantas una acampada a las puertas de la Universidad Autónoma de Barcelona te premian.
Estoy con lo escrito por Jordi Gracia, buen conocedor de la realidad catalana, cuando afirma que:
“el sentimiento de impunidad institucional es democráticamente letal, corrosivo, y quizá por eso mismo los manifiestos de los claustros han estado por debajo de su dignidad institucional y de espaldas a la pluralidad efectiva de sus universidades. El día que la ética de la responsabilidad los mire a los ojos, ya no sabrán donde mirar”.
Por Juan de Dios Mellado
Presidente del Consejo Social de la Universidad de Málaga