Un estudio de la Universidad de Granada, realizado por el investigador Diego Rodríguez Menacho, ha denunciado el intrusismo profesional en el ámbito de la Odontología, señalando cómo son insuficientes las penas impuestas a las personas que comenten este delito. La investigación, publicada en la revista Derecho y Salud, ha analizado la jurisprudencia correspondiente al delito de intrusismo en Odontología durante un periodo de 35 años, entre 1980 y 2015.
Rodríguez Menacho no solo tiene las titulaciones en Odontología y Derecho, sino que ejerce profesionalmente ambas disciplinas, siendo perito judicial, dentista y abogado, además de investigador.
Odontología e intrusismo
En el Código Penal, la legislación señala como pena, en la actualidad, una multa de 12 a 24 meses para quienes ejerzan “actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título”. Una sanción que, para el investigador, es insuficiente. Tras analizar alrededor de 200 resoluciones judiciales, Menacho ha explicado que
“el delito tiene una especial repercusión porque afecta a la población en general, es decir, los pacientes”.
Así pues, el estudio se evidencia al haber comprobado, por ejemplo, que el delito de intrusismo estaba acompañado, en más del 20% de las sentencias, por otro de lesiones. Pero también ha afectado “a los profesionales reales, que ven cómo sus pacientes son atendidos por individuos ajenos a la profesión y, por supuesto, a la profesión en sí misma“, ha apuntado el investigador.
Los Colegios de Dentistas nacieron precisamente con la finalidad de defender la profesión. Son Corporaciones de Derecho Público que, entre otras funciones, combaten el intrusismo. De este modo, el citado estudio ha reflejado la alta participación de estas corporaciones para solucionar el problema, iniciando las actuaciones judiciales en solitario o acompañando a los pacientes que sean víctimas de estas práctica de intrusismo. Pero no solo lo han intentado combatir de esta manera, sino que incluso económicamente a través de la contratación de detectives privados para la persecución del delito.
Una de las posibles soluciones que se derivan de esta investigación es la concienciación de la población, es decir, que los pacientes sepan que esta mala praxis existe y se da con frecuencia, y conseguir que solo se dejen tratar por personal cualificado, con título y colegiado. Según Menacho, esta es una labor que la normativa vigente otorga a los Colegios de Dentistas.
Asimismo, los pacientes que ya hayan sido víctimas de esta vulneración pueden dirigirse a los Colegios de Dentistas para solicitar su apoyo si deciden comenzar un proceso judicial. Además, el artículo ha desvelado que estas entidades han estado presentes en tres quintas partes del total de procesos judiciales por intrusismo en Odontología.
La investigación de Diego Rodríguez Menacho está vinculada a su tesis doctoral en el marco del Programa de Doctorado en Ciencias Jurídicas, perteneciente a la Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada. Cuenta así con la colaboración del Colegio Oficial de Dentistas de Cádiz, bajo la presidencia de Ángel Rodríguez Brioso, quien además es presidente de la Comisión Nacional de Intrusismo del Consejo General de Dentistas de España.
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