La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) propuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy, a través del que fuera su ministro de Educación José Ignacio Wert, se ha vuelto a debatir en el Congreso de Diputados tras la proposición de ley planteada por el grupo socialista. La polémica norma ya fue rechazada por la mayor parte de los grupos parlamentarios presentes en 2013, excepto UPN, Foro Asturias y UPyD, quienes firmaron un compromiso para parar la ley en cuanto cambiase la Cámara Baja.
El debate en el Congreso se ha realizado durante la jornada de ayer martes 5 de abril, donde el PSOE expuso la necesidad de “la paralización del calendario de aplicación de la LOMCE” lo que conllevaría la suspensión de la entrada en vigor de las normas que todavía no se hubieran aplicado. Tras la votación, el congreso ha sumado la mayoría absoluta necesaria para iniciar la paralización, la cual consiste en la tramitación ordinaria como proyecto de ley, con presentación, debate y votación de enmiendas parciales o totales. Exceptuando la negativa del PP y la abstención de Ciudadanos, la propuesta ha obtenido el respaldo de 186 diputados, entre los que se encuentran PSOE, IU, Podemos, Compromís, ERC, Democracia y Libertad (DL), PNV y EH Bildu.
Rafael Simancas, portavoz de Educación del PSOE, expuso que la iniciativa de su partido respondía no a una posición contraria al PP sino a la ley, subrayando que “es una ley no dialogada, no acordad e impuesta por una mayoría coyuntural”. En esta línea, Simancas señaló que la LOMCE “no resuelve los problemas de Educación del presente y del futuro”.
Una de las propuestas más polémicas de la norma educativa es la “reválida“, la cual se realizaría al finalizar la ESO y Bachillerato. Los detractores de esta prueba señalan que dividiría a los centros, aumentando el desequilibrio entre las zonas desfavorecidas y las que no lo son. La nueva selectividad ya ha sido motivo de protesta tanto por las universidades como por las Comunidades Autónomas, las cuáles ha solicitado en diferentes ocasiones el retraso de la aplicación.
Cabe destacar que la paralización de la LOMCE supondría la pérdida de unos 600 millones presupuestados por el Fondo Social Europeo para su implantación, tal y como han informado fuentes oficiales. Por parte del Partido Popular se ha señalado que el debate y la tramitación del proyecto de ley no se llevará a cabo, debido a que el proceso incluye la aprobación de los cambios por el Senado, donde dispone de mayoría absoluta, así como la posibilidad de la disolución de las Cortes el próximo 3 de mayo y las posibles nuevas elecciones.
Andalucía reclama que la transición no recaiga en las CCAA
A esta polémica se suma la solicitud de las comunidades Autónomas para retrasar también la aplicación y las competencias que sobre ella reparte la ley. Así, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha reclamado al Ministerio de Educación que la orden publicada para la eventual aplicación de la Ley no recaiga en las comunidades autónomas, y ha abogado por buscar el acuerdo y el diálogo en la transición al nuevo modelo.
El portavoz ha recordado que el Gobierno andaluz, al igual que gran parte de la comunidad educativa, se opone a esta ley “por injusta, segregadora, porque ataca al sistema público y a un modelo educativo basado en la igualdad de oportunidades y en la equidad”, y también porque “nació sin diálogo ni consenso”.
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