La financiación de las universidades públicas sigue estando muy por debajo de lo deseado para avanzar hacia una educación superior de calidad. Hace poco que nos hemos despedido de Joan Subirats como ministro de Universidades, quien en sus últimos meses en el cargo recalcó la necesidad de trabajar por la elaborar fórmulas distintas para la financiación universitaria, infrafinanciadas tal y como las conocemos hoy en día.
Cualquier persona de la comunidad universitaria sabe que en la educación todo gira en torno al dinero, ya sea en la investigación, en la docencia o incluso en las prestaciones y servicios universitarios. Sin embargo, invertir en educación siempre ha sido concebido como algo beneficioso, pero con unos efectos muy a largo plazo. Queremos buenos profesionales, con una amplia experiencia en la práctica y con habilidades personales. Entonces, ¿por qué no invertir más en universidades? Al fin y al cabo, serán las personas que el día de mañana contribuyan al avance de nuestra sociedad. El gran escollo con el que se topa la realidad es que el problema de la financiación es una cuestión principalmente política: muchas veces pesa más la inmediatez productiva que las inversiones en una sociedad a largo plazo, difícilmente evaluables. Sin embargo, el último estudio realizado sobre la contribución de las universidades, por el Grupo de Investigación “Análisis Cuantitativo Regional” de la Universitat de Barcelona a petición del Ministerio, indica que durante 2021 por cada 100€ de transferencias públicas recibidas, las universidades españolas produjeron 110€ de rentas fiscales. Parece que a pesar de los datos económicos favorables y de la propia situación por la que pasa la institución, nadie está dispuesto a asumir que todo lo que se espera de la universidad empieza por dotarla de más recursos económicos.
Retos en la internacionalización y la digitalización, incentivar la investigación, implementación de nuevas metodologías docentes, adaptación a los nuevos planes de estudios… Son un largo etcétera las cuestiones que cuentan con la predisposición de mejora de la comunidad universitaria, y que se estampan legislatura tras legislatura contra la misma realidad: nunca hay dinero. Hasta hace poco, era la incertidumbre sobre quién se haría cargo de la cotización de las prácticas académicas lo que ocupaba los titulares. Ahora es la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y su objetivo de alcanzar el 1% del PIB para 2030. Esto supone aumentar el 0.25% del PIB actual, un gasto estimado de 3.135 millones que deberán aportar en su mayoría las comunidades autónomas, de acuerdo con el informe lanzado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ‘Financiación pública en la Ley Orgánica del Sistema Universitario’.
Asimismo, hay un gran cariz hipócrita en todo esto. El problema del modelo de financiación actual es que choca frontalmente con los valores que desde la educación superior vendemos. Los abanderados de la educación pública deberían recordar que no se puede hablar de educación accesible sin apostar por su gratuidad, condición sujeta a que los ingresos de las universidades no dependan de los precios públicos y las tasas académicas. Por otro lado, los sistemas de becas están supeditados a la cuantía destinada a las mismas, y no es suficiente como para que las ayudas lleguen a todos los estudiantes que las necesitan. Estamos aún lejos de un sistema universitario articulado económicamente como para poder considerarlo de calidad, y su calidad depende en gran medida de cómo esté financiado. Es la pescadilla que se muerde la cola.
Se acerca la fecha de inicio de la toma de decisiones respecto a los Presupuestos Generales del Estado, y la pelota está una vez más en el tejado de la Moncloa y de las Comunidades Autónomas. Deben decidir qué futuro depara a las universidades los próximos años: si apostarán por la calidad de la educación y la inversión a largo plazo de nuestra sociedad, o si por el contrario tendremos que seguir subsistiendo con lo justo y necesario, y a veces a duras penas. Desconozco si el dinero da o no la felicidad, pero a más de uno nos alegraría saber que en esta legislatura se va a empezar a apostar por las universidades.
Por Lander Bosque Cayuso.
Director de Comunicación de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas.
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