Desde hace unos días España cuenta con un nuevo Gobierno el cual ha continuado en la misma línea sus nombramientos para ministros. Pocos dudaban de la continuidad de Íñigo Méndez de Vigo al frente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte una cartera que en los próximos meses se verá zarandeada por los medios, los colectivos educativos y todos los partidos políticos.
Si bien el nuevo Parlamento se pronostica como un lugar donde habrá más silbidos que palmas, es posible que hay un atisbo de consenso en la discutida Educación.
El Pacto por la Educación es un objetivo que se han marcado la mayoría de los Gobiernos españoles desde el inicio de la democracia… un mismo sistema y un acuerdo único entorno a la enseñanza es el santo grial de cada Gobierno, todos lo persiguen y hablan de su existencia pero ninguno lo ha encontrado.
La historia del país cuenta, en sus escasos 40 años democracia, con siete leyes educativas que no han conseguido unir ni a la población ni a los políticos. Si un ejecutivo lograba diseñar una legislación y llevarla a su aprobación, esta tenía los días contados ya sea en el mismo camino hacia el Parlamento o a los pocos años de su puesta en marcha. La LOMCE es ya el segundo intento del Partido Popular de diseñar su sistema de enseñanza, siendo el primero la propuesta de Aznar de la LOCE de 2002, que con la llegada de Zapatero murió por Real Decreto.
La oposición del profesorado no es algo nuevo que haya creado Wert, ante esta situación ya se vio el PSOE en 1995 con la Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG), a la que también se le achacó que contribuyera a la privatización de la educación. Cinco años antes nacía la LOGSE, una de las leyes que más chistes ha generado por su ineficacia y la producción de jóvenes cuyos niveles formativos se sitúan entre los peores valorados en Europa… aunque tras su paso por la Universidad estos mismos sean considerados como la generación más preparada.
Falta debate, falta consenso y ganas de llegar a un acuerdo que permita desarrollar en España una generación cuyo paso por las aulas se corresponda a una única legislación educativa. Un tema tan fundamental como la educación de la ciudadanía debería contar con el consentimiento y beneplácito de todos los colectivos y los partidos. Una ley que se cambie con la llegada de un nuevo Gobierno no conduce más que a crear otra generación a medio formar.
Ya sea desde el Congreso de Diputados o desde una subcomisión parlamentaria, España necesita una única ley que ponga de acuerdo a todos y, lo que es principal, lleve al país a formar a una generación que tenga asegurado su derecho fundamental a la Educación.
En seis meses o en los años que dure el nuevo Gobierno, los políticos españoles tienen un deber que no pueden ignorar. La ciudadanía no puede permitir una octava ley que no lleve ni llegue a nada.
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