A cada paso que se da en el anteproyecto de la LOSU, surgen nuevas confrontaciones. En este caso, la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) denuncia que el ministro de Universidades, Joan Subirats, ha dejado de lado las demandas realizadas por el estudiantado universitario en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), sin introducir los mecanismos suficientes que garanticen sus derechos.
Así, pese a los nuevos derechos recogidos en el anteproyecto de la LOSU, el estudiantado lamenta que la nueva norma relegue su participación a un segundo plano, “sin avanzar en la cogobernanza ni fortalecer su papel como agente activo en la educación universitaria”, señalan en un comunicado.
Por ello, la Coordinadora reclama una “mayor presencia y relevancia del estudiantado en los órganos de gobierno y elecciones”, que le permita hacer valer sus propuestas. Demanda a la que se suma, a su vez, la existencia de nuevos mecanismos “a través de los cuales el voto del estudiantado resulte vinculante en aquellas decisiones que le afecte”.
De igual manera, el estudiantado reivindica que la nueva norma asegure la calidad de su educación, reclamando la formación continua y obligatoria para todo el profesorado universitario, de forma que las metodologías docentes no se queden estancadas y se actualicen.
Un anteproyecto de la LOSU sin las demandas estudiantiles
Tras ver que sus demandas no se incluyen en el anteproyecto de la LOSU, a este respecto el presidente de CREUP, Nicolás Hernández, ha denunciado que “Subirats prometió poner al estudiantado en el centro de la Ley pero, lamentablemente, nos ha relegado a ser meros espectadores de nuestra educación”. A lo que ha añadido que “la Ley no introduce las herramientas suficientes que nos permitan transformar la universidad, no hay derechos sin garantías”.
Razón por la que, desde CREUP, consideran que “la Ley todavía puede mejorar en su proceso de tramitación parlamentaria”; por lo que instan a los grupos parlamentarios a “dialogar y escuchar las reivindicaciones del estudiantado”, para que la futura norma “garantice una universidad más democrática y de calidad”.
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