El actual Ejecutivo de la Junta de Andalucía cumple ahora dos años. De entre las buenas herencias que recibió, el Sistema Universitario Público Andaluz ocupa un lugar destacado.
Un sistema universitario compuesto por instituciones sólidas, solventes y saneadas, fruto de años de esfuerzo por parte de las propias universidades, y de un modelo claro, impulsado con coherencia, consenso y recursos por los sucesivos gobiernos socialistas de Andalucía.
Casi 300.000 personas forman parte de la comunidad universitaria andaluza, de ellos unos 250.000 estudiantes. Se estima que los casi 2.000 millones de euros que gestionan las universidades tienen un impacto cercano a 8.000 millones de euros (un 5%) en el PIB regional.
Nuestro sistema universitario es accesible y eficiente; es garantía de igualdad de oportunidades, de mejor empleo y de articulación territorial; y cada vez más reconocido como un factor fundamental de desarrollo económico y social, ligado al conocimiento. Las universidades andaluzas destacan en cada vez más áreas de I+D+i.
Las matrículas se mantuvieron entre las más baratas incluso en plena crisis. Finalmente, el gobierno socialista impulsó una reforma revolucionaria en España, que alinea a nuestra región con Europa: la gratuidad de las matrículas para los estudiantes que aprueban. A ello unió, año tras año, uno de los más amplios programas de apoyo a los estudiantes. En 2018 estas políticas estudiantiles supusieron una inversión de 55 millones de euros.
En contraposición, el modelo del actual gobierno para las universidades públicas, más allá de críticas inconexas, lugares comunes sin contenido y defensa de las privadas, sigue siendo un misterio. Ha querido justificarse con el informe que la consultora KPMG elaboró por encargo del ejecutivo andaluz, pero ha ocultado intencionadamente que el primer problema que señala el informe es la ausencia de un planteamiento estratégico por parte del propio ejecutivo.
¿Cuál es la cruda realidad hoy?… En tres años el nuevo gobierno habrá recortado 135 millones de euros de financiación ordinaria, 90 millones de euros en financiación para infraestructuras, 15 millones de euros ‘cobrados’ del Fondo COVID para Educación del Gobierno de España, etc; es decir, por encima de 250 millones de euros de reducción, por el momento. En ese periodo, la bonificación de las matrículas, programa en el que el gobierno no cree, habrá costado unos 120 millones de euros que, como se ve, realmente están ‘pagando’ las propias universidades.
El nuevo Gobierno de Andalucía piensa que las universidades públicas están ‘sobrefinanciadas’, y actúa en consecuencia. Mientras, les promete un nuevo modelo de financiación sin saber qué universidad quiere.
Por Antonio Ramírez de Arellano
Diputado en el Parlamento de Andalucía
Responsable de Universidades del PSOE-A
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