La próxima Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 comienza a tomar forma. Este lunes se han reunido en Madrid los consejeros autonómicos con competencias en Ciencia e Innovación y los representantes de varios ministerios. El encuentro ha estado presidido por el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, junto al ministro de Universidades, Manuel Castells.
En esta primera reunión se han postulado los objetivos de aumentar el presupuesto dedicado a la I+D+I durante el periodo 2021-2027; lograr un marco normativo y unos instrumentos flexibles y adecuados a las necesidades de los agentes del sistema de I+D+I; y coordinar y complementar las políticas de I+D+I nacionales y sectoriales con las del ámbito europeo, regional y local. Para ello, los representantes políticos cuentan con el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación como órgano de coordinación general entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de investigación científica y técnica.
Primeros pasos hacia la nueva Ley de Universidad
Junto a la presentación de la Estrategia Española de Ciencia, este encuentro también ha valido para presentar a los representantes autonómicos las primeras líneas de trabajo del Ministerio de Universidades. Así, aprovechando la situación se ha celebrado la primera Conferencia General de Política Universitaria, donde se han presentado las medidas propuestas por Castells. Tal y como ya anunció el ministro de universidades, sus principales retos pasan por una reducción del sistema de tasas y el aumento de la financiación de las becas universitarias, con vistas a fomentar la igualdad de acceso a la universidad en las diferentes comunidades Autónomas.
Al respecto de las nuevas medidas, desde Andalucía el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha reclamado que el Gobierno central mejore la financiación autonómica para que las comunidades dispongan de más recursos que puedan, con posterioridad, destinar a mejorar la calidad de las universidades españolas y compensar, en el caso de Andalucía, el esfuerzo que ya realiza para mantener uno de los precios públicos universitarios más bajos del territorio nacional. Además, Velasco ha considerado necesario que cualquier cambio en la modificación del sistema de tasas debe conllevar un esfuerzo estatal mayor para garantizar una mejor dotación de recursos.
Un plan nacional para incentivar la investigación
La primera reunión del Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación se ha centrado en el análisis sobre el estado actual de elaboración y tramitación de la nueva Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación, que entrará en vigor el año que viene y que debe ser aprobada por este mismo Consejo antes de que finalice 2020.
Durante la reunión, los representantes del Ministerio de Ciencia e Innovación han expuesto los planes de actuación en materia de investigación y de innovación a los representantes de las Comunidades Autónomas, que a su vez han explicado los planes autonómicos en estas áreas. El Consejo también ha aprobado los criterios de intercambio de información entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas en el marco del Sistema de Información de Ciencia, Tecnología e Innovación, y ha avanzado respecto a la tramitación del Real Decreto que aprobará el Estatuto del Comité Español de Ética en la Investigación.
Por último, se ha modificado el régimen del Consejo de Política Científica, Tecnológica para incluir entre sus funciones la aprobación de las actualizaciones del Mapa de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS).
En este sentido, cabe destacar como la financiación pública de las universidades españolas, según un informe del Observatorio del Sistema Universitario, se sustenta en gran medida en los recursos aportados por las comunidades, que son las responsables de sufragar el 94% de los fondos, mientras que el 6% restante corresponde al Estado. Esta última partida se concreta, sobre todo, en transferencias para actividades de investigación y en la compensación por las exenciones de precios públicos fijados por el Estado, es decir, en concepto de becas y rebajas a familias numerosas.
En el caso de Andalucía, la comunidad ya cumple con los objetivos planteados por la medida que pretende implantar el Gobierno central y que buscar reducir las tasas universitarias y evitar así la disparidad existente entre las diferentes comunidades, que son las encargadas de fijar dichos precios en virtud de unas horquillas fijadas por el Estado. De este modo, Andalucía es la región que ofrece una política de precios públicos de las más asequibles del sistema nacional, fijando en 12,62 euros la cuantía del crédito de grado y en 13,68 euros el de másteres universitarios. En palabras de Velasco, las ayudas al estudio aplicadas en la región “garantizan la práctica gratuidad de los estudios a quienes aprueben las asignaturas del curso anterior”. Unas ayudas que en el pasado ejercicio beneficiaron a más de 114.000 estudiantes.
En cuanto al apoyo a la universidad, en 2019 el apoyo financiero de la Junta de Andalucía a estas instituciones académicas representó el 0,84% del PIB regional, un porcentaje que sitúa a la comunidad a la cabeza del esfuerzo inversor del conjunto nacional.
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